La Generalitat aprueba un fondo de 10M€ para cubrir los pagos al Tribunal de Cuentas
El Govern blinda mediante un decreto ley un dinero para "proteger a todos los servidores públicos", que deberá convalidar el Parlament
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante una declaración institucional que realizó acompañado de todos los consellers del Govern. EFE/Quique García
El Govern ha aprobado un «fondo de riesgo» de 10 millones de euros para cubrir el pago de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas exige a 34 altos cargos independentistas por el desvío de este dinero para el procés independentista. La Generalitat ha asegurado que se hará mediante un decreto ley que deberá convalidar el Parlament.
Con esta fórmula del fondo se permitiría a la Generalitat cree que esta permite proteger a los 34 exaltos cargos, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. La manera impulsada por el Govern busca sortear que el Ejecutivo autonómico pueda cometer delito.
La propuesta la ha presentado el Govern en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, con la comparecencia del conseller de Economía, Jaume Giró (Junts), y la consellera de presidencia, Laura Vilagrà (ERC). Este fondo cubrirá los pagos de los trabajadores públicos que no cubran las pólizas por responsabilidad civil de la Generalitat.
Un decreto que deberá convalidar el Parlament
Como cualquier decreto ley, será el Parlament quien tenga la última palabra, aunque todo apunta a que no habrá mayor problema ante la mayoría independentista formada por Junts, ERC y la CUP –y posiblemente los Comuns–. Quedan en el aire posibles denuncias por malversación y/o prevaricación que puedan hacer partidos como Cs, PP y Vox.
El decreto, impulsado por estos dos departamentos del Govern de Pere Aragonès, «responde a la necesidad de la Administración de disponer medidas para proteger los derechos de todos los servidores públicos que se encuentran en un proceso judicial o administrativo mientras no haya sentencia firme».
«Con este objetivo, la cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern».
El Institut Català de Finances, gestor provisional
¿Quién podrá solicitar estas ayudas? Aquellos trabajadores públicos «siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas». También, que no haya «resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas, que no esté cubierto por ninguna póliza y que la Generalitat «no haya iniciado acciones contra la persona afectada».
Será el Institut Català de Finances (ICF) quien gestionará este dinero hasta que la Generalitat constituya una entidad específica, y se pedirá mediante una solicitud previa y acompañarla de una declaración responsable donde el solicitante manifieste que cumple con las condiciones antes mencionadas.
La CUP ya ha asegurado que van a «defender siempre las fórmulas» que se posicionen al lado de las «personas represaliadas». La diputada Laia Estrada ha insistido en que la Generalitat siempre debe defender a los encausados por temas relacionados con el procés, al asegurar que no deben haber «represaliados de primera y de segunda».
