Gallardón premiará con comisiones a los funcionarios que impongan más tasas judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está decidido a que los secretarios judiciales cobren comisiones por la cantidad de tasas que logren facturar a los usuarios. El incentivo se efectuará con pagas complementarias, según consta en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en trámite parlamentario.

La reforma contempla incluir el número de tasas tramitadas por los secretarios judiciales como un indicador adicional para cobrar los variables. La medida ha encendido a los sindicatos que han empapelado las carteleras de los juzgados de Madrid con consignas contrarias a la nueva normativa y que celebraron la semana pasada movilizaciones frente al ministerio de Justicia.

Meros recaudadores

Los funcionarios acusan al gobierno de quererlos degradar a meros recaudadores, una especie de delegados de la Agencia Tributaria esparcidos por los tribunales del país. Por ello, algunos trabajadores son partidarios de rechazar los incentivos de Gallardón por considerar que el cobro de tasas judiciales es contrario al principio de igualdad ante la justicia recogido en la Constitución.

Pero el colectivo tiene serias dudas de si todos los funcionarios aceptarán renunciar a estos complementos en caso de que el ministerio persista en su intención de premiar el cobro de las asas. Los secretarios judiciales culpan al Gobierno de infravalorar la capacidad de este colectivo que, aseguran, podría dedicarse a tareas para descongestionar la actividad judicial.

Pendientes del Constitucional

Los representantes de los secretarios judiciales se reunirán con representantes del ministerio el próximo 24 de abril para presentar sus alegaciones contra el proyecto. El equipo ministerial de Gallardón asegura que la aplicación de las tasas no tiene fines recaudatorios y que el nuevo baremo responde a una actualización para medir la productividad de los funcionarios, puesto que el actual sistema se remonta al 2010 y está desactualizado.

La legalidad de las tasas deberá ser decidida por el Tribunal Constitucional. Los secretarios judiciales esperan que una decisión contra la medida derogue de forma automática el nuevo sistema de cálculo salarial.