Gallardón ‘condena’ a fiscales y jueces al silencio
El ministro considera que, por su responsabidad, tienen limitada su libertad de expresión
Desde este martes ya se puede hablar del caso Rodríguez Sol. Es un ejemplo, un símbolo de la actual coyuntura política que expresa la enorme distancia que se está produciendo entre el Gobierno central y buena parte de los dirigentes políticos catalanes. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo ha dejado claro este miércoles, al reclamar a jueces y fiscales que permanezcan en silencio.
El Fiscal Jefe de Catalunya, Martín Rordríguez Sol, expresó su comprensión sobre el derecho a decidir, siempre que se estableciera en el marco legal. Consideró que el legislador español debería tener en cuenta lo que desea una buena parte de la población catalana, que, en diferentes encuestas, se ha mostrado partidaria del derecho a decidir y de una posible consulta soberanista. Pero ha acabado presentando su dimisión, ante la presión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dispuesto a no dejar pasar ni una, por indicaciones del propio Gobierno central.
Limitar la libertad de expresión
Gallardón no lo ha podido expresar mejor. No se trata del contenido de las declaraciones de Rodríguez Sol. Se trata de que hable, de que se pronuncie, justo en un momento de gran conficto político. Según el ministro, las limitaciones a jueces y fiscales a participar en el debate político garantizan su función e independencia.
Dicho de otro modo: los jueces y fiscales “tienen limitaciones en su libertad de expresión que no tienen el resto”, limitaciones que se establecen “en garantía de su propia función”.
Jueces y fiscales «contaminados»
Según el ministro, si un juez o un fiscal participa en un debate político, y máxime en uno de tanta envergadura como el del derecho a decidir, y después tiene que intervenir en una causa judicial sobre ese asunto, quedará “contaminado” y podrá ser acusado de haber perdido su independencia”. Por ello, según la ley, a juicio de Gallardón, se abrió el expediente de remoción de Rodriguez Sol.
El Gobierno central, además, ha decidido fijarse una premisa: no se trata de entrar en el debate soberanista que se ha iniciado en Catalunya, sino de negar la cuestión central, que Catalunya sea un sujeto jurídico y político, con derecho, por tanto, a decidir su futuro. Ese es el reconocimiento que pretende, de hecho, lograr la consulta soberanista, y que el Gobierno rechaza desde el primer momento. Por tanto, ‘silencio’.
