Frenesí de leyes sociales en diciembre para cumplir con los socios de Sánchez

El periodo de sesiones de lo que queda de año es una contrarreloj, y en esas escasas cuatro semanas el Gobierno tiene una ambición más, una vez ya se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Y no es baladí: de aquí a final de diciembre, el Congreso aprobará -o al menos así confía el PSOE, según fuentes socialistas en conversación con este periódico- el puñado de leyes sociales que tanto han traído de cabeza a Pedro Sánchez y a sus socios en las negociaciones para las cuentas públicas.

No son cualesquiera: Vivienda, Mordaza, Bienestar Animal, Trans y la sedición. Todo tiene que tener el visto bueno de la Cámara Baja para que no se postergue a un Pleno extraordinario durante el mes de enero o ya tener que esperar al siguiente periodo de sesiones, que arranca en febrero y que será la preparación para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo.

Todos estos proyectos legislativos estuvieron atascados en la Cámara hasta hace unos días, cuando, en el marco de las negociaciones y las reuniones paralelas entre los grupos, se desenmarañó y se adquirieron nuevos compromisos en los contactos entre grupos. En todos estos casos, la promesa reside en hacerlo antes de fin de año, a pesar del estrecho margen. Los socialistas consideran que aún hay tiempo de convocar ponencias y sesiones plenarias hasta el 22 de diciembre. Así, podrían ser aprobadas «incluso de golpe» todas las leyes.

Mordaza y Vivienda, las difíciles

No sería la primera vez que sucediera. Atascos como los sucedidos con estas leyes ya se dieron antes en otras normas en momentos anteriores, como sucedió con la legislación audiovisual o la ley de Memoria Democrática. Sin embargo, en estas leyes ya se han dado distintos pasos. En el caso de la sedición, fue el pasado jueves cuando el Congreso dio el sí a su toma en consideración, el primer mecanismo. Pero en otras, como en Mordaza o Vivienda, ya hay enmiendas presentadas y están atascadas por otros motivos.

De hecho, la aprobación de la ley de vivienda y la derogación de la ley de seguridad ciudadana se perfilaban al inicio de las negociaciones como dos exigencias insalvables que, al final, no han resultado serlo tanto. Pero siguen en la cuenta y, de hecho, tal y como confirman desde las formaciones políticas implicadas, se han reanudado los contactos para finalmente sacarlo adelante.

El caso de Mordaza quizás sea el más particular. Lo que tiene claro el PSOE es que frente a la nueva ley de seguridad ciudadana hay que tener en cuenta la situación de seguridad a nivel internacional, con manifestaciones en Francia ante el descontento de los ciudadanos por la crisis económica, o en Reino Unido, con el reciente cambio en el Gobierno, o incluso con una primera ministra de ultraderecha en Italia. «Hay que preservar a las fuerzas de seguridad del Estado», señalan algunos socialistas a Efe.

Según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, «se están manteniendo reuniones últimamente y se están aproximando posturas». Continúa un proceso en el que se han transaccionado 400 de las más de 800 enmiendas presentadas por los grupos. «Estamos culminando un proceso que espero que llegue a su fin en las próximas semanas», ha reiterado, sobre la ley de Vivienda.

El Gobierno se comprometió con Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a aprobar esta ley en el tercer trimestre de 2022. Tras incumplir este compromiso, se marcó el objetivo de que viera la luz antes de fin de año. Pero sigue siendo un escollo la regulación de precios de los alquileres, ya que Unidas Podemos y los partidos de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez siguen demandando que, en las zonas que se declaren tensionadas, la limitación de las rentas se aplique a todos los arrendadores, no solo a los grandes propietarios.