Francia, camino de aprobar un impuesto para ‘smartphones’ y ‘tablets’

Un impuesto para todos los dispositivos con conexión a Internet. Es la última propuesta del Gobierno francés para destinar la recaudación a la financiación de la industria cultural.

Así se recoge en el ya conocido como Informe Lescure. Le da nombre su autor, el ex presidente del Grupo Canal Plus Pierre Lescure, a quien el Ejecutivo liderado por François Hollande (PSF), le ha encargado el estudio.

Gravamen del 1%

En más de 500 páginas, se recoge casi un centenar de propuestas. Y una de las que más revuelo ha suscitado ha sido la del gravamen a smartphones, tablets, ordenadores y demás dispositivos con conexión a la red.

La ministra gala, Aurélie Filippetti, ha considerado que las ganancias de las ventas de estos aparatos deben invertirse a favor de los creadores. El gravamen a la venta de estos dispositivos con conectividad oscilaría entre el 1% y el 4%.

Financiar la creación

El informe Lescure defiende que la medida podría contribuir a corregir la transferencia de valores, ya que con los dispositivos, los usuarios acceden a numerosos contenidos culturales. Y asegura que sería legítimo que quienes fabrican y distribuyen estos equipos contribuyan a la financiación de la creación.

Fuentes del sector en España, aseguran que la medida no busca tanto encontrar una vía de financiación para el sector cultural como sí cumplir con la normativa europea 29/2001 sobre derechos de autor. El principal objetivo es el de compensar al titular del producto.

Canon digital

Y a la pregunta de si en España se podría contemplar una medida similar, fuentes del Ministerio de Educación y Cultura se limitan a recordar que lo más similar a nivel nacional ha sido el canon digital. El gravamen se impuso en productos tecnológicos así como en los destinados al almacenamiento de datos que permitían la copia privada.

La medida fue tachada de ilegal, según el Tribunal Supremo. También se sumó la abogada general de Tribunal de Justicia de la UE, Verica Trstenjak, emitió en 2010 un dictamen en el que tampoco aprobaba la medida. Consideró que no se podía aplicar el gravamen de manera indiscriminada a empresas y profesionales que usaban estos aparatos para otras actividades que no fuera la copia privada.