El fondo Covid permitió a TV3 comprar la serie sobre el juicio del ‘procés’ de Mediapro y salvar el ‘Polònia’

Los ingresos extraordinarios derivados del fondo Covid y un incremento en diciembre de la publicidad permitieron a TV3 tener margen suficiente para pagar el coste de 440.000€ de la serie-documental El Judici de Mediapro. La televisión pública recibió 1’5M€ extraordinarios del fondo Covid, a los que se sumaron 2M€ extra de anunciantes por Navidad y la contención de gasto.

Este cúmulo de ingresos –a los que se suma 1M€ extra con los que la Generalitat sufragó el gasto de la CCMA en materia de protección de sus empleados contra el coronavirus– permitieron que TV3 pudiera, no solo quedarse con la pieza de Roures, sino también evitar que el programa de sátira política Polònia dejara de emitirse por falta de fondos.

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ha revelado en la comisión de control a la CCMA que estos 2M€ extras en publicidad han permitido desencallar la compra, que de otra manera habría sido imposible: «Salieron de ese dinero que llegó en el mes de diciembre».

Un dinero que, si no hubiera sido por la aportación extraordinaria de la Generalitat, se habría tenido que destinar a rellenar los agujeros que esta partida permitió tapar y que Llorach confirma. Según había avanzado Vozpópuli, la Generalitat veía necesario «compensar la caída de ingresos» porque era un déficit que tendría que haber terminado por asumir igualmente.

La portavoz del PSC en la comisión de control, Beatriz Silva, le ha preguntado sobre esta cuestión, al no entender por qué un dinero pensado para situaciones de necesidad se había podido gastar en el documental de Mediapro, cuando la televisión pública ha abordado este tema de forma amplia y siempre desde el mismo punto de vista.

«Creo que deberíamos saber a qué se han destinado estos recursos, y por qué TV3 recibe inyecciones del fondo Covid si al mismo tiempo vemos que adquiere producciones que no se corresponden con una necesidad esencial», le ha planteado Silva a la presidenta en funciones de la CCMA.

«Él [Vicent Sanchis] tiene un dinero, si el director de la televisión ha decidido que es prioritario comprar estos documentales, lo ha hecho y los ha emitido en el momento que ha considerado oportuno», le ha recriminado Llorach a Silva. «Cada vez que llega dinero, sean de los fondos que sean, el director tiene margen para decidir en qué contenidos se gasta».

Llorach, que en una pregunta anterior ha explicado la delicada situación de la CCMA en 2020, ha puntualizado en que se llama fondos Covid a aquel dinero recibido para suplir carencias económicas derivadas de la pandemia en las distintas «estructuras del país», y que cada departamento los ha gastado en función de sus necesidades.

Budó se negó a responder en el Parlament

La diputada ha recordado que TV3, que no ha seguido los canales de adjudicación ordinarios, incumple los requerimientos del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). La televisión solo emite contenidos de autor favorables a la secesión «sin emitir otros que los equilibren». «La primera vez fue con Hola Europa, y después con el Sense Ficció sobre el 1-O», ha ejemplificado.

Silva también fue quien llevó esta cuestión a la primera sesión de control al Govern tras las elecciones, entonces todavía en funciones. La diputada le planteó a la entonces consellera de Presidencia, Meritxell Budó, de donde había salido ese dinero si en la última sesión de control antes de la disolución de la Cámara Vicent Sanchis había reconocido que no tenía dinero.

Budó eludió dar respuesta amparándose en su supuesta calidad, pese a las bajas audiencias: “No minimicemos el trabajo que hay en este documental, recogiendo dos años de investigaciones, dos años de trabajo, 52 sesiones de vista oral, 30 entrevistas realizadas. Quiere aportar las claves jurídicas de un juicio que continúa siendo noticia hoy y siendo generador de noticias”.

Los documentales se han comprado por un precio inferior a los 800.000€ que Roures exigía por su contenido. Además, una filtración de audios entre la tertuliana Pilar Rahola y el empresario David Madí –ambos cercanos al expresidente Carles Puigdemont– planteaban la fórmula para satisfacer a Txatxo Benet (Mediapro) y presionar a Sanchis para que los adquiriera.