Foment culpa al Govern del naufragio de El Prat: «No ha estado a la altura»

Los empresarios catalanes tienen claro quién es el responsable de que se haya suspendido la inversión de 1.700 millones en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La principal patronal catalana, Foment del Treball, disparó a la Generalitat, a la que acusó de no estar a la altura exigida tras incumplir el pacto alcanzado el pasado 2 de agosto con el Gobierno. «No permitiremos que esto lleve a la ruina económica de Cataluña», advirtió el presidente de la organización, Josep Sánchez-Llibre.

En una rueda de prensa convocada después de conocer el desencuentro entre el Gobierno y el Govern, la institución pidió «responsabilidad» al Ejecutivo catalán. «La Generalitat no ha estado a la altura ni ha actuado con la prudencia y la diligencia que era necesaria», criticó la cabeza visible de la organización.

«Es una frivolidad situar La Ricarda en el centro del debate», lamenta Foment

De este modo, Sánchez-Llibre pidió al Ejecutivo catalán que se aleje de las posturas populistas y no repita «una frivolidad» como la de centrar todo el debate de la ampliación en el estanque de La Ricarda. «Es urgente una rectificación». Y en bloque: «pedimos a la Generalitat que hable con una sola voz», dijo Sánchez-Llibre, refiriéndose a las discrepancias entre los miembros del Govern de ERC y los de Junts.

También echó en falta una voz común en el Gobierno estatal. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, visitaron esta mañana el espacio natural protegido que iba a desaparecer con la obra. «Consideramos que no toca; Podemos ha actuado con filibusterismo dentro del Gobierno», lamentó.

A pesar de que tanto el presidente de Aena, Maurici Lucena, como varios miembros del Gobierno dieron por perdida la obra en el actual Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 (DORA), Sánchez-Llibre pidió un último esfuerzo para tratar de incluir la inversión en el próximo lustro. «Consideramos que hay tiempo suficiente, hablaremos con los dos gobiernos y con Aena para intentar que se pongan de acuerdo», añadió.

En términos similares se había expresado la patronal de la pequeña y media empresa, Pimec, el miércoles. El presidente de la institución, Antonio Cañete, exigió responsabilidad tanto al Gobierno como a la Generalitat para “alcanzar un nuevo acuerdo que apruebe la ampliación”. “No podemos aceptar que se retire esta inversión; no podemos renunciar al progreso que nos aportan las infraestructuras públicas y privadas que son vitales para el país”, añadió.

«Abandonar la cultura del no»

«Hace demasiado tiempo que estamos instalados en la cultura del no», zanjó Sánchez-Llibre; una crítica que los empresarios ya blandieron en el acto celebrado el pasado mes de junio en la escuela de negocios Esade para reclamar que se desbloquease la ampliación. La presión dio sus frutos el 2 de agosto, cuando Generalitat y Gobierno firmaron un acuerdo, todavía genérico, para avanzar con la obra.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez de ir demasiado lejos con el pacto y presuponer la destrucción del espacio protegido de La Ricarda, una línea roja para buena parte del Govern. Según el dirigente, el pacto del pasado agosto era lo suficientemente general para incluir la inversión en el DORA y diseñar la ampliación en los próximos dos años.

Aena da por perdida la ampliación de El Prat: «Queda en suspensión hasta de aquí cinco años»

Pese a la denuncia del president, tanto Aena como el vicepresident Jordi Puigneró negaron que el DORA incumpliese el acuerdo entre gobiernos. Pero las palabras de los líderes catalanes provocaron que la obra quedase fuera del plan quinquenal, como aseguró este jueves el propio Maurici Lucena.

“La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria, que es de aquí a cinco años”, dijo Lucena en declaraciones a Catalunya Ràdio. No será hasta entonces cuando se podrá volver a analizar y debatir esta ampliación. Solo “si las circunstancias en Catalunya han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión”, apuntilló.