Foment cree que la ley de alquileres catalana es inconstitucional
La patronal catalana duda de la constitucionalidad de la medida y lamenta que las pérdidas económicas recaigan sobre los pequeños propietarios
En la imagen, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. /FTN
Foment del Treball ha vuelto a airear sus diferencias con las medidas económicas de la Generalitat. Esta vez por la intervención del mercado del alquiler, como consecuencia del decreto del gobierno catalán que permitirá a los pequeños propietaros de locales pagar tan solo la mitad de sus alquileres.
La patronal catalana le ha exigido al Govern que se «concentre» en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos a los sectores afectados ante las restricciones para frenar la Covid-19. En un comunicado, Foment le ha afeado al gobierno catalán que apruebe un decreto «que interviene el mercado de alquiler ya que altera la mediación entre las partes».
La entidad que preside Josep Sánchez Llibre ha asegurado que la medida perjudica a empresarios, trabajadores y a propietarios de locales y establecimientos de alquiler. La iniciativa del Govern, que todavía se desconoce cómo se desarrollará, pide rebajar un 50% el alquiler «desde el día en que el arrendatario notifique la voluntad de negociar».
Regular los alquileres de locales: ¿Medida inconstitucional?
Foment duda de la constitucionalidad de esta medida y de la inseguridad jurídica que provoca. Defiende que la suspensión de actividades económicas no la tienen que asumir los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que debe ser la administración que apruebe el cierre la que limite parcialmente su actividad.
La actividad ha defendido que “no es asumible dictar una norma que la altera y condena previamente a los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta”. Además, ha afirmado que el decreto ley es «injusto y lesivo» para los propietarios y condena al cierre de los negocios y a la pérdida de empleo.
La consellera de Presidencia ha reconocido que la medida implica un cambio legal en el Código Civil, por lo que «existe el riesgo de que se recurran las leyes que se aprueben». Además, Meritxell Budó ha defendido que «el decreto se ha trabajado desde el marco jurídico. Y nos da la seguridad de que, una vez aprobado por el Parlament, pueda dar respuesta a los problemas que plantea esta pandemia».
