La Fiscalía pide tres años de cárcel para un asesor de Puigdemont que pagó un viaje con dinero público

La Fiscalía pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, al que acusa de pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser «ajeno a sus funciones». En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye al asesor delitos de malversación de caudales y prevaricación,

El organismo pide que se condena a Alay a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el desplazamiento, que fueron asumidos por el Departamento de Presidencia a cargo del presupuesto de la Oficina del President.

La causa se deriva de una querella por malversación que presentó la Fiscalía y en la que también estuvo investigada la actual secretaria del Departamento de Salud, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos cuando era secretaria general de Presidencia, aunque la jueza instructora archivó la causa contra ella.

Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, presentado ante el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, Alay contrató en octubre de 2018 el vuelo a Nueva Caledonia «abusando» de su condición de responsable de la Oficina de Puigdemont, «excediéndose en sus funciones» y «apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios de la administración pública».

El vuelo, añade el escrito, lo contrató Alay tras recibir una invitación a su nombre de la Unidad de Relaciones Externas del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista de Nueva Caledonia (FLNKS), para que participara en la promoción del proyecto soberanista de esa formación la semana previa al referéndum de independencia de Francia, que perdieron los independentistas.

Los gastos fueron autorizados por Meritxell Masó

Los gastos derivados del viaje fueron autorizados por Masó y, tras su fiscalización por parte de la Intervención, fueron asumidos por el Departamento de Presidencia, que pagó el vuelo a la agencia de viajes y el resto de facturas «directamente» al acusado, quien según la Fiscalía consiguió así «un claro beneficio económico particular».

Teniendo en cuenta «sus funciones y actividades» como responsable de la Oficina de Puigdemont, sostiene la Fiscalía, cuando Alay reclamó los gastos «lo hizo a sabiendas de que se trataba de viaje personal y ajeno a sus funciones» y de que «no existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública, de la que él mismo tenía el control y la gestión».

Según la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto, el acusado presentó la propuesta de pago a Masó «haciendo constar expresamente que se trataba de documentación indispensable» para que la secretaria de Presidencia aprobara el gasto, lo que provocó que esta acabara adoptando «una resolución manifiestamente arbitraria e injusta».

La actuación de Alay, prosigue el Ministerio Público, motivó que los gastos del viaje «se abonaran indebidamente a cuenta del erario público de la administración autonómica, con un claro perjuicio económico para este último, por más que los funcionarios indicados no actuaran a sabiendas de que de ese modo estaban sufragando unos gastos personales con dinero público».

Además de por este viaje, Josep Lluís Alay está investigado por un juez de Barcelona en el caso Volhov de presunto desvío de fondos al procés, así como por la Audiencia Nacional por formar presuntamente parte de la estructura organizativa de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que en 2019 convocó multitudinarias protestas contra la sentencia que condenó a los líderes independentistas.