La presión de Rajoy desquicia al gobierno de Puigdemont
El presidente catalán convoca al bloque soberanista y le pide unidad, pero el Pdecat y ERC se desautorizan mutuamente con propuestas cruzadas
Máxima tensión, y total desorientación. La presión del Gobierno que preside Mariano Rajoy, con la constante actividad de la fiscalía, con el objetivo de impedir cualquier avance en la organización del referéndum, está desquiciando al Ejecutivo de Carles Puigdemont. El propio presidente catalán tuvo que reunir, a media tarde, a los representantes parlamentarios de Junts pel sí y la CUP, con la presencia también del vicepresidente Oriol Junqueras, para que nadie se salga de la foto y todos juntos se comprometan a organizar un referéndum que ellos mismos saben que es imposible.
Esa es la realidad. La retórica es otra. Puigdemont insiste en que convocará el referéndum y aplicará el resultado que salga. Pero el Gobierno, esta vez, no está dispuesto a tolerarlo. El presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras firmaron este martes la quinta —la quinta— notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que les reclama que paren los preparativos del referéndum, una vez que el Tribunal Constitucional haya suspendido la partida económica incluida en los presupuestos para financiarlo.
Todo el Govern sabe que no se puede realizar el referéndum, pero la retórica es otra
Pero esa notificación se convirtió, de forma teatral, en un incentivo para el propio Puigdemont, quien, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que todo sigue adelante y que la “voluntad de un pueblo no se para cuando la unión nace del Govern, del Parlament, de los ayuntamientos y de la sociedad”. Un puro gesto de voluntarismo. El hecho es que él mismo convocó a los responsables parlamentarios de Junts pel sí y la CUP después de un cruce de propuestas en los que ellos mismos se iban anulando.
Después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegurara que todo estaba pensado, y que se iba a constituir una bolsa con personas desempleadas para que participaran como voluntarias en la organización del referéndum, y evitar así a los funcionarios el choque con el Estado, la portavoz del Govern, Neus Munté, la desautorizaba tras la reunión del Consell Executiu.
¿Pero Munté tiene otro plan? ¿Lo tiene Puigdemont, más allá del acto voluntarista de decir que el referéndum se convocará y se realizará? No lo parece. La desorientación es total, porque, además, el gobierno catalán está comprobando que el criterio del Gobierno central es otro, que la fiscalía actúa ya desde el primer momento, desde que se dice que se hará tal o cual acción, con advertencias a todas las empresas que se puedan ver involucradas.
Munté desautoriza a Rovira, Puigdemont los reúne a todos, y nadie sabe nada
Producto de ello es que el Pdecat y ERC se miran de reojo. Nadie quiere quedar como el que se bajó del autobús en el último instante. O, dicho de otro modo, se pretende culpar al adversario de esa bajada en la parada anterior al referéndum. Así, el departamento de governación, que dirige la convergente –ahora Pdecat—Meritxell Borràs, se niega a comprar las urnas necesarias –la Generalitat no puede utilizar las urnas habituales para las elecciones porque son del Estado— para el referéndum si el departamento de economía, —se asegura que la central de compras depende de economía— no firma la petición.
Eso implicaría a Oriol Junqueras, que se niega a firmarla, con la idea de que todo se debe firmar previamente por todos los miembros del Govern, cada semana, y en función de los avances que se vayan produciendo. ¿Todo ello qué implica? Que todos los miembros del Govern, del Pdecat y de ERC, saben que no podrán realizar el referéndum y que se encaminan hacia unas elecciones al Parlament, en la que se pretende estar bien colocado.
La ley de desconexión sigue sus trámites, con un pleno para el 26 y 27 de abril
Todos lo saben, pero Puigdemont, que no tiene nada que perder, y que no quiere ser candidato a la Generalitat, va de frente hacia el muro. ¿Acciones concretas? La Mesa del Parlament ha convocado para el pleno del 26 y 27 de abril el debate sobre la tramitación de la reforma del reglamento de la Cámara, que proponen Junts pel sí y la CUP. Con ello se quiere agilizar la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, que no contaría con la posibilidad de enmiendas por parte de la oposición.
Esa ley sería la base de la “desconexión”, que se pretende aprobar justo antes de la convocatoria del referéndum, para la tercera semana de septiembre. El problema para el bloque soberanista, que recibe la presión de las siempre movilizadas ANC y Òmnium Cultural, es que la unidad interna peligra cada día, porque no todos están dispuestos a ser inhabilitados y a pasar a la historia, sin que todo ello sirva para poder gobernar Cataluña.
La presión del Gobierno, que apreta el acelerador, puede hacer descarrilar finalmente el proceso soberanista, aunque esté lejos, todavía, cualquier solución duradera del problema catalán.
