La Fiscalía se opone a revisar la condena de Junqueras por malversación
Los cuatro fiscales del "procés" trasladan al Tribunal Supremo que se deben mantener los 13 años de inhabilitación del exvicepresidente de la Generalitat y de tres exconsellers
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante su participación en Lleida en un acto organizado por ERC para preparar las próximas elecciones municipales de 2023. EFE/Ramón Gabriel
La Fiscalía sostiene que la reforma del Código Penal que convirtió el delito de sedición en desórdenes públicos agravados y rebajó el de malversación, permite mantener las condenas que el Tribunal Supremo impuso al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a tres exconsellers, y ha pedido que se dejen intactas sus penas de 13 años de inhabilitación.
Los cuatro fiscales del «procés» han remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, en el que se oponen a la revisión de las condenas de aquellos líderes independentistas que, además de por sedición, fueron condenados por malversación –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-, al considerar que sus condenas de inhabilitación siguen siendo posibles con el nuevo Código Penal y que revisarlas no les sería desfavorable.
Sí que apoyan rebajar las penas a los que solo fueron condenados por sedición, al considerar que las condenas de inhabilitación contempladas por los delitos que, tras la reforma penal, «sustituyen a la sedición en el caso concreto (la desobediencia y los desórdenes públicos agravados) son inferiores a la pena de inhabilitación absoluta impuesta».
La Fiscalía pide de este modo al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (9 años y dos meses), a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (5 años por desórdenes públicos) y a los exconsellers Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses). Cabe recordar que todos los condenados fueron indultados, si bien sobre ellos siguen pesando las condenas de inhabilitación.
Junqueras pide la absolución
Esta posición de la Fiscalía se conoce un día después de que Junqueras pidiera al Tribunal Supremo que lo absuelva tanto de sedición como de malversación en el procés, de acuerdo con el «consenso político» que ha dado pie a la reforma del Código Penal.
También se opuso a que se le sustituyan por el delito de desórdenes públicos, argumentando que ninguna de las acusaciones -ni Fiscalía, ni Abogacía del Estado, ni la acusación popular ejercida por Vox- calificó el 1-O como un delito de desórdenes públicos en ningún momento del proceso penal, por lo que los procesados no pudieron defenderse de él.
