Fiscalía pide cárcel para el expresidente de motos Ossa por un “negocio piramidal”

La fiscalía pide seis años de prisión para Jordi Cuxart Teres por un presunto delito continuado de estafa agravada por la quiebra de Info-Cobro. Esta agencia de subastas e inversiones con sede en Palafrugell (Girona) se declaró en concurso voluntario de acreedores en 2011 y, un año después, entró en liquidación con un agujero de 68 millones de euros.

La quiebra de Info-Cobro pilló a más de 300 inversores que no han conseguido recuperar el dinero que confiaron a Cuxart.

Antes de que la agencia se declarara en concurso, Cuixart presidió Ossa Factory, la fábrica de motocicletas de trial que recuperó la histórica marca Ossa. Info-Cobro era uno de los inversores de la compañía. La fábrica también cerró unos años más tarde.

Esta semana se ha programado el primer juicio penal contra Cuxart en la Audiencia de Barcelona por el caso Info-Cobro. Es probable que no sea el último porque en un juzgado de la Bisbal d’Empordà (Girona) todavía se instruyen otros dos procedimientos en su contra relacionados con la quiebra de la agencia de inversiones.

El juicio previsto para esta semana tiene su origen en la denuncia que interpuso un particular (uno entre los más de 300 afectados) que r a reclama a Cuxart cerca de 1,7 millones de euros. La fiscalía le pide 6 años de prisión por un presunto delito continuada de estafa agravada, multa y que devuelva el dinero.

El denunciante mantiene que entregó estos fondos a Cuxart para que adquiriera viviendas en subastas judiciales. Sin embargo, el fiscal considera que “la verdadera actividad” de Cuxart era “un negocio piramidal” consistente en conseguir nuevos socios de forma continua que cubrieran las aportaciones de otros. Así formó una pelota millonaria.

En el escrito de acusación, el fiscal indica que Cuxart creó “una situación ficticia de solvencia que no existía porque no desarrollaba actividad empresarial ninguna”.

El fiscal considera que “la verdadera actividad” de Cuxart era “un negocio piramidal”

Añade que, “a sabiendas” de que no podría devolver el dinero percibido, recibió del denunciante el importe de 1.681.818 euros en el periodo de 2010-2011 “cuando Info-Cobro se dirigía al concurso de acreedores y a la insolvencia”.

En junio de 2011, Cuxart presentó un concurso voluntario de acreedores. Pese a que supuestamente conocía la situación de insolvencia desde el diciembre anterior, el fiscal subraya que “siguió desarrollando su negocio piramidal” al “captar importantes sumas de sus clientes” entre los que se encontraba el denunciante.

Por ejemplo, en marzo de 2011, dos meses antes de solicitar el concurso, Cuxart recibió del denunciante tres aportaciones por un importe conjunto de 790.000 euros, según consta en el escrito de acusación.

Cuxart acumula otras causas judiciales

El próximo 14 de diciembre, Cuxart está citado a declarar en otra causa por la quiebra de Info-Cobro que se instruye en un juzgado de la Bisbal d’Empordà. A diferencia del juicio de esta semana en la Audiencia de Barcelona, que se tramitó en un juzgado de Granollers (Barcelona), los procesos que se siguen en el juzgado gerundense avanzan a paso de tortuga. En este último juzgado se acumulan las denuncias de más de una treintena de afectados.

Otro grupo de perjudicados desistió de continuar con una de las querellas por la lentitud del proceso y por considerar que tenían escasas o nulas posibilidades de recuperar el dinero invertido.

Muchos inversores confiaron diversos importes a Cuxart por las altas rentabilidades que ofrecía.

En 2015, el Juzgado Mercantil de Girona ya condenó a Cuixart a devolver 68 millones de euros por la quiebra de Info-Cobro. En la sentencia, el juez calificó de “culpable” el concurso de acreedores y responsabilizó de ello a Cuxart por su condición de administrador único de la agencia.

Por ello, se le condenó a pagar una indemnización de 14,7 millones de euros, que corresponden al dinero de la agencia que desvió a sus cuentas bancarias personales; y a cubrir el déficit patrimonial que generó su gestión, que calculó en cerca de 53,4 millones de euros. En total, más de 68 millones de euros.

Al cierre de esta información, la defensa de Cuxart no se había puesto en contacto con esta redacción para aportar su versión.