La Fiscalía se opone a las querellas contra el Govern por los avales del ICF
El Ministerio Público rechaza el "perjuicio al patrimonio público" en la acción del organismo dependiente de la consellería de Economía
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE/Enric Fontcuberta
La Fiscalía Superior de Cataluña se opone a las querellas presentadas por Vox, Convivencia Cívica y Ciudadanos contra Pere Aragonès, y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà. La denuncia se interpuso al considerarlos «cooperadores necesarios» de aprobar el aval para sufragar la cuantía de 5,4M€ que el Tribunal de Cuentas (TdC) rechazó.
El aval por el que se presentaron las querellas contra el Govern fue rechazado por la delegada instructora del TdC Esperanza García, que no permitió que la fianza fuera sufragada con dinero público. La crisis abierta ante el inminente embargo se ha saldado con ERC y Junts haciendo frente a los 5,4M€ exigidos por el organismo.
«La administración conserva el control sobre tales recursos»
La Fiscalía tiene una investigación abierta para dilucidar si la Junta del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) cometió algún tipo de delito al avalar la fianza de 5,4M€. En cuanto a las denuncias contra Aragonès y el Govern por supuesta malversación, se tienen que tramitar ante el TSJC dada su condición de aforados consecuencia de su inmunidad.
El Ministerio Público ha rechazado la investigación a miembros del Govern puesto que «la mera articulación de un mecanismo de aval que, de modo provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo en el que se vea involucrado un funcionario o autoridad, no implica en sí misma la causación de un perjuicio al patrimonio público«.
«La administración autonómica sigue conservando el control sobre tales recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su debido retorno», explica el fiscal Pedro Ariche. Refleja que la presunta malversación solo se podría haber producido si hubiera «perjuicio público» en caso de que se hubiera cometido una «aplicación inadecuada o displicente» del dinero.
El fondo de Giró, desde julio sin banco
El fondo se creó en julio con la intención de dar cobertura a los 34 ex-altos cargos de la Generalitat de Cataluña acusados de malversar caudales públicos para hacer propaganda exterior del procés independentista mediante el Diplocat. El objetivo era que el ICF se hiciera cargo hasta encontrar un aval bancario, algo que de momento no ha sucedido.
El PSC presentó un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para que aclarara las dudas sobre la legalidad. El organismo avaló con matices el decreto-ley de la Generalitat, siempre que se tramitara como decreto-ley y se aplicaran algunas observaciones, lo que llevó a los socialistas a abstenerse en la votación en el Parlament.
