Fernando Simón, investigado por prevaricación en la gestión de la pandemia

Fernando Simón está en el punto de mira de la justicia por un posible delito de prevaricación en la gestión de la pandemia de coronavirus. El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha acordado la apertura de diligencias por la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias a raíz de una querella presentada por Abogados Cristianos.

Esta asociación culpa al Gobierno de, entre otros aspectos, no tomar medidas ante la emergencia sanitaria pese a haber sido informados sobre la letalidad del virus.

La asociación denunció también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los exvicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, a los ex ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa y a Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, solo se han abierto diligencias contra Simón ya que «la situación procesal de las personas aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Supremo ya fue resuelta por dicho Tribunal», dicta un auto fechado el pasado 14 de septiembre.

Respecto al asesor del Gobierno, el texto explica que «es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».

Según los magistrados, las presentes actuaciones se iniciaron por una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa. «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», asegura el documento.

El Supremo inadmitió las denuncias presentadas al Gobierno

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre. En aquel momento la Sala II del Tribunal Supremo acordó no admitir a a trámite 20 querellas y 30 denuncias presentadas por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

Sin embargo, el alto tribunal las remitió a los Juzgados ordinarios para que se investigara la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en las residencias

Los magistrados señalaron que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo.