Feijóo quiere incluir los sobrecostes del hormigón en los precios de los contratos públicos

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una Proposición no de Ley para poder incluir los sobrecostes de materiales de construcción como el hormigón, el cemento o los áridos, además de costes de energía, en los precios de los contratos públicos. En una propuesta registrada en el Congreso, los populares quieren revisar la extensión de medidas excepcionales del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, en materia de revisión de precios en los contratos de obra. El texto se debatirá en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja.

Es una reclamación que la patronal de la Construcción viene haciendo desde meses atrás. De hecho, la Confederación Nacional de Construcción (CNC) asegura en su último informe mensual que la revisión de precios «no es suficiente», lo que amenaza la ejecución de los fondos europeos. También advierte de que muchas constructoras no pueden presentarse a los concursos y se ven abocadas a trabajar a pérdidas e incluso a echar el cierre.

Así, el último año han quedado desiertas 1.939 licitaciones públicas, tal y como recoge un avance del informe que la patronal ha elaborado con datos desglosados a nivel territorial. De esta manera, no se han podido iniciar obras por importe de 883 millones de euros.

«Un incremento imprevisible»

El Grupo Parlamentario Popular expone que «se está alterando fuertemente la economía de los contratos de obra, por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público».

Con la legislación actual se permite la revisión excepcional de los precios de los contratos del sector público incluso en aquellos supuestos en que no procediese conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, ya sea bien por no haberse pactado en el contrato, bien por no haber transcurrido el periodo mínimo establecido en la ley o no haberse ejecutado la parte de la obra necesaria para la aplicación de la revisión.

La causa justificativa será cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.

La ley también excluye el sobrecoste de cemento o áridos

Así, su aplicación comprende a los contratos que se encuentren en ejecución del Sector Público estatal y de las Comunidades Autónomas. La revisión excepcional se podrá solicitar cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante el año 2021, superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%. La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior a ese 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato.

Para ello, se establece un mecanismo de revisión de precios únicamente aplicable a materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre y se establecen mecanismos limitantes que enfrían las expectativas de las entidades perjudicadas. El PP teme que, para muchas obras, «el peso de los cuatro materiales anteriores es muy pequeño, por lo que no se podrán acoger a este Real Decreto ley».

La redacción actual de la ley parece que excluye el incremento de costes derivados de otros materiales o productos como, por ejemplo, los áridos, el hormigón o el cemento, empleados masivamente en las obras de construcción, salvo que se pudiera llegar a acreditar que, en su producción, el aumento de los costes de los materiales citados en el artículo (por ejemplo, aceros de desgaste de los equipos de tratamiento) implican un incremento de sus costes de producción tal que entre dentro de los supuestos de este Real Decreto-ley. Además, se excluyen los costes de la energía, especialmente importantes en el caso de los áridos.

Las reclamaciones del PP

Es por ello que instan al Gobierno a, en primer lugar, establecer las medidas precisas para extender los efectos directos que prevé el Real Decreto Ley 3/2002, de 1 de marzo para los contratistas principales, a subcontratistas y suministradores de obras, incluyendo entre estos últimos a los suministradores directos a las obras del sector público.

También, piden «permitir que el subcontratista y también el suministrador de las obras pueda tener acción directa frente a la Administración. Del mismo modo, demandan extender el tipo de materiales de referencia para el cálculo del impacto a otros materiales muy habituales en obras públicas, «que también han estado y están sujetos a enormes tensiones de sobrecoste energético y de materias primas», como es el caso del hormigón, los áridos y el cemento, materiales que han quedado fuera de la referencia y pueden suponer en muchas obras una de las partidas principales.

Las reclamaciones de los populares no se quedan ahí: también exigen adoptar medidas urgentes «para eliminar la grave problemática derivada del retraso de la publicación de los índices oficiales de precios aplicables que está impidiendo una eficaz actualización de los precios a la excepcional situación».