Familiares de las víctimas de coronavirus denuncian a Salvador Illa por homicidio
La Asociación de Afectados por el Coronavirus presenta una querella por homicidio imprudente, lesiones y prevaricación
Salvador Illa. EFE/J.J. Guillén
Salvador Illa continuará arrastrando las consecuencias de su paso por el Ministerio de Sanidad a pesar de haber abandonado ya el barco para competir en las elecciones catalanas del 14 de febrero. La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus ha presentado una querella criminal en su contra por los delitos de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación, durante su gestión de la pandemia.
Es la primera acción legal contra el candidato socialista, después de publicarse este miércoles su dimisión como ministro en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia le impedirá seguir contando con su condición de aforado, por lo que la competencia recaerá en los juzgados de Instrucción de Madrid.
“Hoy es el día de hacer balance y rendir cuentas ante las víctimas«, ha expresado el presidente de la Asociación de Afectados, Jaime Sánchez, a las puertas de los juzgados para presentar la documentación contra el exministro de Sanidad, según ha publicado Europa Press.
La denuncia judicial pone el foco en la primera oleada
La acusación responde a la denuncia de varias decenas de familiares que se han visto afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Han centrado el foco en las decisiones que rodearon la gestión de la primera oleada de contagios, pero también en algunas políticas adoptadas a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre.
Los afectados buscan conectar todas estas acciones con de los responsables políticos de la lucha contra la pandemia con las consecuencias sanitarias que ha sufrido la población. Por eso, la querella también se dirige contra el epidemiólogo Fernando Simón. El responsable del Centro para la Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido el asesor del Gobierno durante toda la contención de la enfermedad.
“En estos momentos más vidas se están consumiendo, por culpa de la incorrecta gestión de la pandemia que, desde sus inicios, por sus indecisiones y falta de criterio técnico han provocado las miles de muertes que tenemos a día de hoy»”, ha agregado Sánchez.
Las víctimas del coronavirus quieren acceder a las comunicaciones de Sanidad
Como parte de la causa, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus ha solicitado a los juzgado de instrucción que accedan a las comunicaciones que Salvador Illa ha mantenido con otros responsables sanitarios como directores generales o el secretario de Estado de Sanidad.
«De momento, queremos que esta documentación se conserve hasta que el juzgado considere o no pertinente reclamarla», ha manifestado el abogado de la acusación, Pedro Tabares.
En la querella también se solicita el interrogatorio de todos estos puestos intermedios en el seno del Ministerio de Sanidad que han tenido información de primera mano sobre la toma de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno ha recibido más de una veintena de querellas por la pandemia
No es la primera vez que el exministro de Sanidad se enfrenta a una denuncia judicial por su gestión de la pandemia de coronavirus. A finales de mayo el Tribunal Supremo ya acumulaba cerca de una veintena de querellas de distintos colectivos contra el Gobierno por la crisis sanitaria, la falta de material médico o la gestión de la desescalada.
Sin embargo, la Fiscalía ya se ha mostrado en contra de perseguir a los diferentes miembros del Consejo de Ministros porque no había ninguna evidencia de que actuaran de forma negligente durante la pandemia. Buena parte de las causas han quedado archivadas.
En octubre, el Supremo constató en una sentencia que la falta de material de protección había puesto en riesgo al salud de los profesionales sanitarios que combatieron la primera ola en primera línea, aunque exculpó al Ministerio de Sanidad de su responsabilidad.
Es una consideración que la Justicia no ha tenido con algunas de las comunidades autónomas que también han pasado por los tribunales. Los gobiernos de Aragón o de la Comunidad Valenciana sí que han sido condenados por su falta de protección a médicos y enfermeros en algunos de sus territorios.
