Los Pujol financiaron con fondos ocultos en Andorra a CDC
El juez que instruye el caso Pujol afirma que Jordi Pujol Jr. financió con activos en Andorra a proveedores de la campaña para las elecciones generales de 2000
El juez José de la Mata, que instruye el caso Pujol en la Audiencia Nacional, considera que la familia Pujol financió con fondos ocultos en Andorra al menos una campaña electoral de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). En concreto, la campaña de las elecciones generales de 2000, bajo la presidencia de Jordi Pujol i Soley.
“Podemos afirmar que Jordi Pujol Ferrusola, con sus activos muebles en Andorra, otorga financiación a una serie de empresas que han resultado ser prestadoras de servicios al partido político CDC”, manifestó el juez. Según su investigación, el primogénito de Pujol logró una intervención financiera con la que los proveedores de los actos electorales consiguieron un aval bancario de 336 millones de pesetas.
Según el auto del juez, Ferrusola puso a disposición de CDC los fondos de la familia en la Banca Reig para habilitar una línea de crédito que utilizaron proveedores como Hispart o Altraforma, cuyos responsables fueron llamados a citación después de haberse conocido el fallo del Caso Palau y de haber encontrado en sus registros contables desde 1999 hasta 2003 «tres avales conferidos por Jordi Pujol Ferrusola a través de su cuenta AN 84800”.
La Policía Judicial considera que “con estas operativas Jordi Pujol Ferrusola estaría coadyuvando a facilitar la continuación de su actividad empresarial, el ejercicio de su influencia en las instituciones democráticas de Cataluña, a través de un partido político, CDC, del que su padre era máximo dirigente y a través del cual habría gestado todas sus argüidas dinamizaciones empresariales, favoreciendo a terceros que, en consecuencia, le remuneraban de diversas formas”.
Los representantes de Altraforma e Hispart declararán el 15 de marzo
De la Mata concluye que «los representantes de Altraforma e Hispart, Miguel Jiménez y Juan Manuel Parra, tal y como se desprende de los hechos probados en el caso Palau, reconocen que sus empresas se instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC”. El juez los llamó a declarar, junto a los responsables bancarios que tramitaron la operación, el 15 de marzo.
