El exjuez Fernando Presencia se suma a las querellas contra Colau por subvenciones a entidades afines

El exjuez Fernando Presencia, condenado por prevaricación y al que la Audiencia Nacional investiga por blanqueo por lucrarse con denuncias falsas, se ha sumado a la causa contra Ada Colau por las subvenciones a entidades, con una querella que la acusa de cobrar 750.000 euros en bancos de Luxemburgo.

Presencia se ha querellado contra la alcaldesa por las subenciones a entidades, que la acusa de cobrar 750.000 euros en bancos de Luxemburgo

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Presencia se ha querellado contra la alcaldesa de Barcelona en nombre de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), entidad que según la Audiencia se dedica a presentar denuncias «sistemáticas» en las que acusa de corrupción a cargos públicos, tras lo que activa un crowdfunding para supuestamente sufragar los gastos judiciales.

El pasado 6 de febrero, la Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil registrar el domicilio de Fernando Presencia y de sus colaboradores, entre los que figura el subastero de extrema derecha Alberto Royuela, y el hijo de éste, Santiago, condenado por terrorismo en 2005 por colocar una olla con explosivos en un local donde iba a cantar Fermín Muguruza.

Presencia, investigado por delitos contra el honor, contra altas instituciones del Estado, organización criminal, estafa, blanqueo y asociación ilícita, fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación y por denuncia falsa y calumnias a un fiscal de Toledo.

Su última iniciativa judicial ha sido sumarse a la causa que tiene abierta Ada Colau a raíz de una querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la concesión de subvenciones municipales a entidades afines, diligencias que el juez archivó el año pasado al no ver delito pero que la Audiencia ordenó reabrir.

Información anónima sobre cuentas de Colau

Presencia se ha unido a la acusación contra Colau con una querella en la que, basándose en información anónima recabada por Alberto Royuela a través del buzón de denuncia de la ACODAP, mantiene que la alcaldesa ha cobrado 750.000 euros a través de seis cuentas bancarias en Luxemburgo como «premio, pago o gratificación» por las subvenciones concedidas a entidades afines.

Tanto la Fiscalía como la Asociación por la Transparencia se han opuesto a que se admita a trámite la querella de Presencia, al considerar que no existe conexidad alguna con los delitos que se indagan, y el juez instructor ha rechazado investigarla, aunque los denunciantes han recurrido su decisión ante la Audiencia de Barcelona.

El intento de Presencia de sumarse a las querellas contra Colau ha motivado que la alcaldesa se haya personado como acusación particular en la causa que tiene abierta contra él el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, quien ha ordenado cerrar la web de ACODAP, en la que supuestamente también se injuriaba a magistrados del Tribunal Supremo.

Piden que el Supremo investigue a Asens

A la espera de que la Audiencia resuelva sobre la denuncia del exjuez, la Asociación por la Transparencia ha ampliado su querella inicial y pide ahora imputar a todos los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, lo que incluye a los exconcejales y ahora diputados de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens y Gerardo Pisarello.

Dada la condición de aforados de ambos parlamentarios, los querellantes piden que el juez de Barcelona cese la investigación y remita a la sala segunda del Tribunal Supremo la causa íntegra, incluidas las actuaciones contra Colau, porque consideran que no se puede fragmentar dado que existe «conexión delictiva».

La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la defensa de Colau, se ha opuesto a la ampliación de la querella -que además de Asens y Pisarello se dirige contra los concejales Janet Sanz, Eloi Badia, Marc Serra, Laura Pérez y Laia Ortiz-, al entender que no fundamenta «mínimamente» los hechos que considera prevaricadores.

También lo ha hecho la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades, otra entidad que se ha unido como acusación popular a la causa contra Colau una vez la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso de las subvenciones.