Los estatutos de Junts obligan a suspender a Borràs en caso de juicio oral

Los letrados del Parlament han instado a una polémica reforma del reglamento, que suprimiría el artículo 25.4 donde se contempla la suspensión de un diputado en caso de apertura oral por un delito relacionado con la corrupción, algo que afectaría a Laura Borràs y su presunto troceo de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Una supresión de la suspensión por presunta corrupción que solo Junts defiende, y que su portavoz en el Parlament, Mònica Sales, ha tildado de «inconstitucional», aunque no se ha atrevido en abanderar que sean ellos quienes pidan esta reforma –es necesario que un grupo lo pida– y se sumarán a cualquier consideración que hagan los demás.

Pero la realidad es que el reglamento de Junts per Catalunya contempla una situación similar para sus afiliados, a los que se les suspende de militancia en caso de apertura de juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción. Algo que, siguiendo al pie de la letra, dejaría a Laura Borràs fuera del partido.

«De acuerdo con la ley de partidos políticos, se suspenderá automáticamente la condición de afiliado a aquellos sometidos a un proceso penal contra los que se haya dictado interlocutoria de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, y se expulsará del partido a los que hayan estado condenados por alguno de estos delitos», recoge el artículo 9 del reglamento.

La reforma, al menos como está planteada, tiene escasas posibilidades de prosperar. Ni los Comuns, ni el PSC –pero tampoco ERC ni la CUP– se han mostrado receptivos a dar apoyo a una reforma que ven hecha explícitamente para soliviantar la situación de Laura Borràs.

La CUP y ERC se desmarcan de la reforma

“El informe de los letrados va más allá de cuestiones técnicas, y es la comisión del reglamento quien tiene que abrir la ponencia conjunta que tiene que servir para la reforma del Parlament de Catalunya“, ha lamentó la diputada de la CUP Eulàlia Reguant al ser preguntada por esta cuestión en rueda de prensa.

Los anticapitalistas insistieron en que es necesario abrir el melón de la reforma del reglamento, aunque sin tocar un artículo que se introdujo en 2017 a propuesta de la CUP en plena ola judicial de corrupción en Cataluña –y, específicamente, contra Germà Gordó, que fue diputado en esa legislatura y estaba imputado en el caso Palau–.

Una posición que comparten desde la ERC. La portavoz republicana, Marta Vilalta, aseguró que no compartían “ni la forma, ni el fondo de cómo se ha propuesto esta reforma elaborada por los servicios de la Cámara”. Aunque han insistido en la necesidad de aplicar actualizaciones, sobre en cuestiones relativas a la “modernización de la cámara” o el “plan de igualdad”.

“Consideramos que allí donde supimos construir el consenso nos seguimos sintiendo cómodos”, ha expresado Vilalta sobre la reforma del reglamento aprobada por la cámara en 2017, también con los votos de Junts pel Sí –la coalición electoral entre ERC y CDC-. “Si hay margen de mejorar este artículo, para hacerlo mejor, para que sea más garantista”.