Especialistas en protección de datos califican de “chapuza” la gestión de Colau con la basura

La protección de datos es otro de los problemas que acechan a Colau y su sistema de recogida ‘puerta a puerta’ que sufren los vecinos de Sant Andreu. Las quejas sobre si este sistema choca con el derecho a la protección de datos se ve reforzada por la opinión de varias expertas, que critican la opacidad municipal con la gestión de esta sensible información personal.

«No se aplica la ley de transparencia porque no se explica cuál es el proceso exacto del circuito de estos datos», lamenta la abogada especialista en protección de datos Aida Ruiz. La letrada, que ha examinado el consentimiento informado que firman los vecinos cuando ceden sus datos, lamenta la poca información facilitada: «Esto y nada es lo mismo».

Ruiz defiende que «el documento no es correcto, es una chapuza», ya que se trata de una «plantilla genérica» que elude explicar cuál es el círculo que seguirán estos datos: «Tienes que detallar cómo se piden». Aunque en el texto asegura que no se prevén cesiones, a juicio de la letrada no queda claro si la empresa adjudicataria Urbaset dispone o no de esta información sensible.

«No se aplica la ley de transparencia»

«No se aplica la ley de transparencia, porque no se explica cuál es el proceso exacto», lamenta. La letrada cree que los vecinos deberían haber sido informados detalladamente mucho antes del inicio del puerta a puerta, con consenso y colaboración con las asociaciones de vecinos y poniendo facilidades a los usuarios para encontrar toda la información sobre protección de datos.

«Los vecinos querrán saber quién, cómo y de qué forma gestionan sus datos, cuál es el canal de envío», explica la letrada. Aunque reconoce que la legislación para casos como el ‘puerta a puerta’ todavía está «en pañales», sí que cree que el ayuntamiento debería haber previsto todo esto a través de la aprobación de una ordenanza municipal específica.

Pese a que el ayuntamiento asegura que no pretende sancionar económicamente a nadie que incumpla este sistema, que requiere de una cesión forzosa de los datos para que te recojan la basura, Ruiz recuerda que «no recoger la basura es una forma de sanción», y que la ordenanza es la forma para regularlo.

La letrada reconoce que «seguramente no hay mala fe», aunque no entiende por qué se piden tantos datos a las personas que se registran, algo que a su juicio es «excesivo»: «Con la dirección de la finca bastaría. Si luego con el tiempo hicieran falta más datos, pues ya se vería».

Además, recuerda que los ciberataques son frecuentes en administraciones públicas, y que esos datos sensibles podrían acabar en manos indeseadas. «Roban los datos de las fincas y ven quiénes sacan la basura y quienes no», lo que podría dar indicios a potenciales ladrones de casas vacías o inhabitadas.

«Podría llevar a asociaciones de vecinos a presentar demandas»

La abogada y profesora de OBS Business School, Ruth Almaraz, cree que es muy alarmante que un sistema que se está aplicando como piloto en algunos barrios de la ciudad obligue a los vecinos a la adhesión forzosa: «Este sistema que se va aplicar va a ser muy duro, e incluso podría llevar a asociaciones de vecinos a presentar demandas».

«En cuanto a la protección de datos, no se están protegiendo y algunos derechos se están conculcando». Además, la docente plantea otra problemática, en este caso a partir de los contenedores de papel, al preguntarse qué pasará con la «correspondencia confidencial y documentos que se tengan que tirar o reciclar», como podría ser una factura o un aviso bancario.

La docente ha explicado que el ayuntamiento «no especifica cómo se van a proteger esos datos personales», puesto que «no queda claro si el ayuntamiento puede vender de alguna manera las bases de datos de esos chips». «Si alguien conociera los hábitos de una persona, se venderían a empresas privadas y estos podrían hacer marketing y mandarles cartas o llamarles».

Una normativa que no obliga al ‘puerta a puerta’

Sobre la normativa europea a la que el ayuntamiento se acoge donde se especifica que para 2025 la recogida selectiva deberá ser del 55% en 2025, del 60% en 2030 y del 65% en 2035, Almaraz defiende que en ningún caso se especifica que este sistema tenga que ser necesariamente uno de puerta a puerta.

Plantea como alternativa otros sistemas, como el de contenedores inteligentes, donde sería el propio aparato quien decidiría sobre si los residuos son correctos o no, y su identificación sería más anónima. De la misma forma, cree que el puerta a puerta podría hacerse menos invasivo si estas bonificaciones, en lugar de aplicarse por viviendas, se hicieran por áreas geográficas.

Los vecinos dudan sobre la idoneidad del sistema, y alegan falta de información sobre cuáles sus derechos en protección de datos con el ‘puerta a puerta. “Si no te quieres adherir al puerta a puerta no te dan el chip, pero si no te adhieres,¿Te recogen la basura?”, explicó el vecino Josep Valcarce a este medio.

El consistorio defiende su política de privacidad

Economía Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales para preguntar sobre esta cuestión. Desde el ayuntamiento han asegurado a este medio que para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos «el proyecto ha contado con el asesoramiento y validación de la Oficina del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barcelona».

«Se ha hecho una evaluación de impacto relativa a la protección de datos siguiendo la metodología establecida por la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), aunque en esta etapa del proyecto no resultaba necesaria. Asimismo, también se han tenido en cuenta las resoluciones más recientes de la APDCAT sobre esta materia», ha defendido el consistorio.

Más allá de esta cuestión. El consistorio ha justificado este sistema, amparado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que también preside Colau, como una necesidad para poder cumplir la Directiva Europea 2018/851 del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

También, se apoya en el Programa Metropolitano de Prevención y Gestión de Recursos y Residuos Municipales 2019-2015, y en el Acuerdo Metropolitano por el Residuo Cero de febrero de 2019. Este último insta a los municipios desplegar en 2025 «sistemas de individualización de la recogida doméstica al 100% de la población» o una «tasa de recogida para usuarios domésticos».