Caducan las moratorias en hipotecas y pago de alquileres

Las medidas que el Gobierno de España puso en marcha para proteger a los ciudadanos del impacto económico de la pandemia están a punto de agotarse. El escudo social que permitía la moratoria de las hipotecas o de los alquileres debido a la situación del coronavirus vence este miércoles.

El Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha dado ninguna señal de querer prorrogar alguna de las medidas excepcionales que aprobaron durante el estado de alarma. Si nada cambia, los ciudadanos tienen de límite hasta el 30 de septiembre para solicitar el retraso de los pagos de sus créditos hipotecarios o de las mensualidades del alquiler. 

El Ejecutivo puso en marcha el “escudo social” en el mes de marzo para aliviar las cargas que suponen las hipotecas y los alquileres en las familias más vulnerables, así como prohibir los cortes de suministro eléctrico en los hogares afectados por la crisis del coronavirus. La medida se prolongó en julio pero definitivamente ha llegado a su fin.

Tanto las moratorias de las hipotecas como las de los créditos al consumo se pueden solicitar hasta el próximo miércoles, con una duración máxima de tres meses. Lo que concede a los ciudadanos un periodo extra, ante la falta de alternativas del Gobierno. Lo mismo ocurre con los aplazamientos del pago de los alquileres de la vivienda en aquellos hogares que pudieran justificar la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran por el coronavirus.

El Gobierno no ofrece una alternativa a los desahucios

Con el fin del escudo social, también llegará la cancelación de la normativa que impide los desahucios sin alterativa habitacional. Una medida que impedía a una persona abandonar su hogar si se había quedado sin recursos como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del coronavirus.

Tampoco estarán ya los ciudadanos cubiertos ante un posible corte de suministro del agua, de la energía o del gas en su domicilio. El real decreto ley impedía a las compañías dejar de facilitar sus productos en las primeras residencias, cuando sus habitantes se encontraban en dificultades económicas.

Si el aviso de impago se ha producido antes del 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir para que las empresas puedan cortar el suministro empezarán a contar a partir del 1 de octubre. Lo que ofrece a las familias vulnerables un pequeño margen.

De la misma manera, quedará suspendida la prórroga automática del bono social eléctrico.  Se trata de una medida de dos años de vigencia que ofrece un descuento directo en la factura a los consumidores con peor situación económica.

Los sindicatos piden una prórroga del escudo social

Sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT) ya han solicitado al Gobierno que ponga en marcha un plan para prorrogar todas estas medidas excepcionales y no dejar en la calle a las personas más afectadas por la crisis del coronavirus. Fuentes de la organización han insistido en que el problema “aún persiste”, según ha publicado Europa Press.

UGT estima que el bono social ha ido ganando adeptos durante la pandemia, llegando a alcanzar en el mes de abril más de 1,2 millones de hogares de toda España en el momento más duro del confinamiento.