El escudo social agita Moncloa por última vez: PSOE, Yolanda Díaz y Podemos se enfrentan por los alquileres

Cuando el Gobierno diseñó la última actualización del llamado escudo social, allá por el mes de enero, gracias a la convalidación del tercer Real Decreto-ley de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, jamás pensó que al incluir algunas medidas que caducaban el 30 de junio se encontraría con un problema en una situación muy delicada: ahora, en plena precampaña, a menos de un mes de las elecciones generales adelantadas para el 23J, las tres facciones que forman la coalición en Moncloa –el PSOE, Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz– tienen que negociar en plena fase de redacción de sus programas y de colocación de sus mensajes electorales.

Y en esas estamos: si bien las fuentes de los tres partidos consultadas de manera oficial por ECONOMÍA DIGITAL no se salen de un «estamos en ello, negociando», otros miembros del Gobierno deslizan, en privado, eso sí, que el mayor punto de encallamiento es la actual extensión obligatoria de los contratos de alquiler que finalicen durante el período a cubrir -en esta última ocasión fue semestral-.

De todos modos, no es lo único que está encima de la mesa. También están, dentro de ese mismo paquete de medidas destinadas a reducir la carga económica que el coste de la vivienda supone para las familias, el mantenimiento de la suspensión de desahucios a personas vulnerables que viven en régimen de alquiler sin alternativa habitacional. O el mecanismo de compensación a la industria electrointensiva y el tope al precio de la bombona de butano y de los gases licuados, e incluso la modificación de la fórmula que se aplica a la revisión de los contratos de transporte de mercancías por carretera porque el precio del combustible ha variado.

El último escudo, aprobado por los pelos

Fuentes del Gobierno no niegan las fricciones. De hecho, la tensión del clima de la negociación es patente, porque la orden es cargar de contenido político y acción de gobierno todos los Consejos de Ministros que restan. «Estos días se está analizando el conjunto de medidas y pronto podremos informar de cómo queda todo y qué medidas se prorrogan«, ahondan desde uno de los ministerios implicados a este periódico.

La negociación del último escudo social fue también muy conflictiva y sólo se resolvió in extremis tras un acuerdo personal entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder del espacio a la izquierda del PSOE en Moncloa, Yolanda Díaz. Y eso que aquel incluía las tan cacareadas ayudas al transporte, el cheque de 200 euros para rentas bajas o la rebaja del IVA a los alimentos, entre otros.

Tras un importante tira y afloja entre Unidas Podemos y el PSOE sobre la utilidad de medidas como la reducción del IVA de productos básicos [los morados querían establecer topes que limiten los beneficios de las grandes superficies y distribuidoras y bajar así los precios, algo que no cuajó], finalmente el tercer escudo social se aprobó en Cortes, y estaba valorado en 10.000 millones. Ahora el adelanto electoral complica la situación, y está por ver qué se prorroga y si el primer gobierno de coalición de la democracia corona su legislatura con la cuarta versión.