ERC y la CUP cierran un acuerdo para investir a Pere Aragonès como presidente
Las dos formaciones salvan sus diferencias para formar un nuevo gobierno sin tener en cuenta en la ecuación a Junts, que es necesaria para alcanzar una mayoría en el Parlament
Esquerra Republicana y la CUP han encarrilado este domingo un principio de acuerdo para investir a Pere Aragonès como el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. La unión de las dos formaciones independentistas de izquierdas dejará ahora el balón en el tejado de Junts, que tendrá que decidir si se suma al pacto para facilitar un nuevo gobierno de corte secesionista en la comunidad autónoma. Su apoyo será previsiblemente fundamental para armar una mayoría suficiente en el Parlament.
La suma de los dos partidos solo alcanza los 42 escaños, muy lejos de los 68 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, su alianza les convierte en la opción mayoritaria por delante de cualquier otra vía como un acuerdo entre el Partido Socialista y los comunes. Esos votos serán suficientes para llevar a Aragonès a la investidura y forzar a la formación de Laura Borrás a posicionarse de forma definitiva.
Los dos partidos han anunciado en sendos comunicados la decisión, después de haber limado asperezas sobre las políticas que les habían impedido sellar un acuerdo tras las elecciones. El equipo de Dolors Sabater ha logrado que entre las líneas de trabajo se incorpore un protocolo para frenar los desahucios o la prohibición de utilizar proyectiles de precisión en los cuerpos de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Eran dos de sus líneas rojas.
Ahora, la alianza deberá ser ratificada por los órganos de control de cada una de los partidos. La CUP ya ha convocado para el próximo miércoles una asamblea abierta con su militancia para dar el visto bueno a todos los puntos del documento que han pactado con sus nuevos socios.
El acuerdo busca impulsar la inversión sanitaria al 25% del presupuesto
Más allá de las líneas rojas que había marcado la CUP en las últimas semanas, el acuerdo alcanzado por las dos formaciones ahonda en otras cuestiones como la inversión sanitaria necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19. Los dos partidos han acordado que su objetivo será elevar la partida hasta el 25% del presupuesto de la comunidad autónoma.
El anuncio del acuerdo también hace una mención explícita a impulsar la agenda legislativa catalana en materia de vivienda, aunque no detalla puntos concretos, más allá de evitar los desahucios de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
También han unido sus fuerzas para poner en marcha una comisión en el Parlament que analiza el modelo de orden público en Cataluña. Un escenario que se ha puesto sobre la mesa después de las protestas violentas que se han desencadenado en Barcelona a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél.
La CUP no aclara si entrará en el Gobierno con alguna consejería
Lo que no se ha hecho público es si finalmente la CUP formará parte del Gobierno, tomando el control de alguna de las consejerías. En la pasada legislatura su apoyo fue determinante para garantizar una mayoría independentista que llevara a Quim Torra hasta la presidencia, pero sus votos no se tradujeron en cargos institucionales. La formación anticapitalista prefirió mantenerse al margen y continuar haciendo oposición.
Sin embargo, ahora la situación es diferente. La CUP ha duplicado su representación hasta alcanzar los 9 escaños. También ha cambiado su principal interlocutor que ya no es Junts per Catalunya, con quien les separan muchos aspectos ideológicos, sino Esquerra Republicana. El grupo anticapitalista no ha despejado la incógnita y se ha limitado a comunicar a través de las redes sociales los principios del acuerdo y la convocatoria de la asamblea de sus bases para discutirlo.
Lo que sí que han reafirmado los dos partidos es su voluntad de mantener la hoja de ruta independentista. A diferencia de la postura rupturista de la formación de Laura Borrás, ambos se han decantado por una solución negociada con el Estado pero que permita realizar una consulta vinculante sobre la separación de Cataluña. «Ambas formaciones se comprometen a preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para llevar a cabo un nuevo asediado democrático, preferentemente en forma de referéndum», reza el documento.