ERC y Junts exigen a Sánchez que la Abogacía del Estado rechace la multa del Tribunal de Cuentas

Las formaciones independentistas han hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que tome parte activa para evitar que 39 ex cargos del Govern paguen la multa del Tribunal de Cuentas por la malversación de fondos para llevar a cabo el referéndum de 2017. Tanto ERC como Junts presionan al presidente para que utilice a la Abogacía del Estado para rechazar unas sanciones que alcanzan los 5,4 millones de euros.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, trasladará precisamente esta petición expresa en su reunión de esta tarde con Sánchez, la primera desde que tomó posesión de su cargo. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ya ha advertido que será uno de los puntos del día que introducirá en la discusión el líder republicano.

«Esperamos que, además de tomar nota, trabaje en una solución», ha remarcado Plaja.

Aragonès reclamará al presidente del Gobierno que se ponga de su lado para evitar la multa millonaria de los 39 ex altos cargos de la Generalitat como un gesto más en la búsqueda de la concordia, después de la liberación de los nueve políticos independentistas que seguían en la cárcel por el juicio del ‘procés’.

Sánchez ya e ha abierto la puerta a presentar un posible recurso en caso de que el Tribunal de Cuentas finalmente imponga la multa millonaria a los dirigentes independentistas. «Es una instancia administrativa cuyas resoluciones pueden ser recurridas», afirmó en una entrevista en la Cadena SER.

Sin embargo, ha descartado por el momento involucrar a la Abogacía del Estado en el proceso porque quiere preservar la independencia del organismo. «Nunca le hemos dado instrucciones», ha puntualizado.

Junts presenta una moción en el Congreso para presionar a Sánchez

Junts ha escenificado también petición con una proposición en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo a retirar a la Abogacía del Estado de todos los procedimientos abiertos todavía contra los miembros de la Generalitat que están siendo investigados todavía por la desviación de los fondos del 1 de octubre.

«Si este Gobierno no actúa va a confirmar que es lo mismo que el Partido Popular pero con un poco más de maquillaje», ha advertido la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en sala de prensa.

Nogueras ha acusado al Tribunal de Cuentas de ser un organismo «politizado y parcial» y ha recordado que sus miembros ya absolvieron en 2019 a la exalcaldesa popular de Madrid, Ana Botella, en la causa que investigaba la venta de más de 5.300 inmuebles de protección pública.

«Esto no es concordia, ni nada que se le parezca»

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso

La portavoz de Junts ha argumentado que todos los gastos de la Generalitat se ajustan a las competencias establecidas en el estatut de autonomía y ha acusado al Tribunal de Cuentas de extralimitarse en sus funciones. «El Gobierno de Cataluña ha ejercido su derecho legítimo a la libertad de expresión e ideológica», ha esgrimido.

El Pdecat  presenta una ley para reformar la elección del Tribunal de Cuentas

Mientras las formaciones independentistas buscan un apoyo por parte de la Abogacía del Estado, también mantienen abierta otra puerta para evitar tener que pagar finalmente la multa millonaria. Buscan poner en marcha une reforma exprés de los miembros del Tribunal de Cuentas para contar con un pleno más favorable a sus propósitos.

El organismo se encuentra bloqueado, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La renovación de los miembros requiere una mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso por lo que es imprescindible que la oposición también participe en la deliberación.

Sin embargo, ahora el portavoz del Pdecat en el Congreso, Ferran Bel, ha anunciado que ha presentado una iniciativa en la cámara para modificar el sistema de mayorías, de manera que, en caso de falta de acuerdo, pueda renovarse el Tribunal de Cuentas en una segunda vuelta con tan solo una mayoría absoluta. «Se tiene que proceder a la renovación», ha justificado.

Precisamente, ese tipo de cambio es el que ya intentó el Partido Socialista y Unidas Podemos con el sistema de elección del Poder Judicial, pero terminó en un cajón, ante las presiones de la oposición, de los jueces y de la Unión Europea para que mantuviese el sistema vigente desde la Constitución.