ERC se aprovecha de la debilidad de Sánchez para negociar los indultos
La formación de Oriol Junqueras aprovecha la debilidad de los socialistas tras el batacazo electoral en Madrid para exigir mejores condiciones en las negociación del indulto a los políticos presos del 1-O.
Esquerra Republicana de Cataluña maneja los tiempos para conquistar sus triunfos. En este caso, acercarse al Gobierno central horas después de romper las negociaciones para formar gobierno con JxCAT. El portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, Gabriel Rufián, se reunió este lunes con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. De esta reunión sale el refuerzo de la entente pactada hace un año con Pedro Sánchez para buscar una salida conjunta al ‘conflicto’ catalán.
La formación de Oriol Junqueras aprovecha la debilidad de los socialistas tras el batacazo electoral en Madrid para exigir mejores condiciones en las negociaciones. La baza electoral también la juegan en Cataluña. Tal y como ha publicado Economía Digital, las encuestas internas de los republicanos vaticinan otro cataclismo de los socialistas, esta vez en las urnas catalanas de celebrarse en estos días otras elecciones.
El Gobierno, atrapado por el independentismo
Los republicanos, en este encuentro, fueron a lo mollar: los indultos. Fuentes republicanas confían en que la debilidad electoral de los socialistas, así como su ruptura con Junts faciliten las negociaciones respecto a los indultos. Los de Junqueras se comprometieron a respetar la campaña madrileña y una vez terminados los comicios vuelve el «¿Qué hay de lo mío?».
ERC interpreta ahora los resultados de Madrid como una oportunidad para seguir asfixiando a un Pedro Sánchez que ya ni siquiera puede amenazar con sustituir los apoyos del independentismo por los del partido de Inés Arrimadas.
El Gobierno, de nuevo, atrapado por el independentismo y una parte del Ejecutivo, Unidas Podemos, a favor de los indultos y de mejorar las relaciones con los secesionistas.
Las advertencias que Rufián ha venido soltando desde su escaño meses atrás se han cumplido: «Somos imprescindibles para la gobernabilidad. Exigimos un trato mejor».
La semana pasada, el Tribunal Supremo ponía en marcha el último trámite antes de emitir su dictamen y dio un plazo de cinco días a los doce separatistas condenados por el referéndum ilegal para que «expresen lo que tengan por conveniente en relación a las peticiones de indulto formuladas en su favor».
Desde ERC insisten en que no se prestan a eso. No quieren el indulto, de cara a la galería, pero sí su aprobación en el Consejo de Ministros. El Supremo espera poder entregar sus conclusiones al Ministerio de Justicia antes de que finalice el mes de mayo, y será entonces cuando el Consejo de Ministros tome una decisión final que será clave en las futuras relaciones con sus socios de ERC a lo largo de la legislatura.
ERC y Gobierno central apenas tienen 15 días para negociar, a la vez que los republicanos tendrán que desatascar la investidura de Aragonés o ir a otras elecciones en Cataluña.
El PP maniobra en contra en el Congreso
La reunión entre Díaz y Rufián ha hecho evidente a muchos populares lo que llevaban trabajando desde hace días en secreto: una ofensiva para evitar que Pedro Sánchez indulte a los políticos presos catalanes.
El partido de Pablo Casado ha registrado en sede parlamentaria una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a reformar la ley del indulto de tal manera que no se puedan conceder a personas condenados por los delitos de rebelión o sedición, como es el caso los líderes del 1-O, que cumplen penas de entre nueve y trece años de cárcel por sedición y malversación.
La propuesta del PP también incluye una modificación de la ley orgánica del poder judicial para que sean los jueces los que elijan los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.
La propuesta de los populares pretende evitar que el gobierno de PSOE y Podemos conceda los indultos de manera prácticamente discrecional, como sucede actualmente. Los de Casado entienden que hay que reducir la «discrecionalidad» del Gobierno y propone que los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador sean vinculantes en aquellos casos de delitos «de especial gravedad».
Los populares argumentan que «las preocupantes noticias que aparecen sobre la eventual concesión del indulto por parte del gobierno a aquellos que han sido condenados por el delito de sedición, entre otros, en la causa del proceso, provoca rechazo en gran parte de la sociedad «. La formación sostiene que el indulto debe ser un «recurso excepcional» que sólo es «democráticamente asumible» cuando en su otorgamiento haya razones de «justicia, equidad o utilidad», tres elementos que, en el caso del 1 -O, «no se dan en absoluto».
«Utilizar esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partidistas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia y rompería las reglas de convivencia de la sociedad española», advierten en el PP . En el caso de los presos políticos, los indultos están pendientes del informe del Supremo y entonces será turno del Gobierno para tomar una decisión.