ERC reclama el traspaso de la comisaría de Vía Laietana para aprobar los PGE

Esquerra Republicana de Cataluña busca colgarse la medalla del traspaso por parte del Gobierno de la comisaría de Vía Laietana en Barcelona. El que casi podría considerarse ‘reclamo histórico’ de los independentistas está en juego estos días en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat y ahora, sorpresivamente, también en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los republicanos mezclan ‘churras con merinas’ y esta semana, según ha podido saber Economía Digital, han incluido esta cesión entre sus peticiones si Pedro Sánchez quiere el ‘sí’ de los diputados republicanos a las cuentas.

Desde el partido ni confirman ni desmienten y simplemente se limitan a repetir las palabras de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián: «El voto de ERC se suda».

El diputado aseguró que ve a Sánchez «demasiado tranquilo» y avanzan que el Ejecutivo no debería de asumir tan claro su voto. Más si cabe cuando Junts se encuentra estos días presionando a los republicanos para negociar bajo una sola voz en el Congreso frente al rechazo velado de ERC.

Los republicanos saben que tienen ‘la sartén por el mango’ en el Congreso y buscan colgarse la medalla pidiendo esta cesión también en la negociación de las cuentas públicas.

La comisaría de Via Laietana en Barcelona es muy simbólica porque es donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía Nacional y el independentismo siempre ha pedido el traspaso porque fue la sede de la Brigada Político-Social durante el franquismo, desde donde se dirigía la persecución a los disidentes. El separatismo quiere crear ahí un museo de la memoria histórica.

Marlaska se niega en rotundo al traspaso

El Gobierno se mostró en un principio muy ambiguo con la petición de los separatistas hasta el punto de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dejó la puerta abierta esta posible cesión.

A favor del traspaso se encuentran también el PSC y Unidas Podemos. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska rechaza por completo la propuesta. El socialista es consciente de la negativa de la Policía Nacional y que este acto podría traer consecuencias para el Gobierno.

Según ha podido saber Economía Digital, Marlaska aprovechó el revuelo informativo con la mesa de diálogo para reunirse la semana pasada con el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y tratar el tema en persona. El asunto no se ha cerrado, según las fuentes consultadas, y «el diálogo fluye» porque, ambos saben que, la última palabra la tiene Pedro Sánchez.

En la carpeta de exigencias de la Generalitat, Elena también recordó a Marlaska la petición de sustituir a la Guardia Civil por los Mossos d’Esquadra en la protección de la naturaleza, que el Servicio Catalán de Tráfico reciba las funciones ejecutivas que le faltan por asumir (en materia de tráfico y seguridad vial) así como la seguridad de los aeropuerto de Lérida y el Puerto de Palamós (Gerona).

La Generalitat también reclama al Gobierno que Protección Civil tenga competencias sobre la seguridad nuclear, una cuestión que de primeras descartan en Moncloa.

La Policía recopila firmas en contra

El hartazgo de la Policía Nacional por esta histórica reivindicación del independentismo ha llevado a que el sindicato policial Jupol haya reactivado la recogida de firmas para evitar el traslado de la sede de la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana de Barcelona, después de que el pacto entre ERC y Junts prevea convertir el edificio en un centro de memoria y denuncia del franquismo.

Según Jupol, se trata de un intento de «desalojo» de la Policía Nacional de su sede de Via Laietana, una medida que consideran un «ataque» a este cuerpo en Cataluña. 

Desde el sindicato ya impulsaron en 2019 una recogida de firmas en este sentido recogiendo más de 67.000 adhesiones. Según Jupol, no existe actualmente ninguna razón funcional ni operativa para mover a la Policía Nacional de la sede de la Jefatura de Via Laietana ya que, además, comportaría una merma de las condiciones laborales y operativas del cuerpo en Barcelona.

Paralelamente, Jupol solicitó al Ministerio del Interior que garantice de forma «inmediata y por escrito» la permanencia de todos los trabajadores de la Policía Nacional en Cataluña y que el ministro muestre su apoyo a los agentes destinados en esta comunidad.