ERC pone a Escrivá en la picota: pide una auditoría de las pensiones
Los republicanos cargan contra el Gobierno: "Cuando dejen de discutir y de colgarse medallas que se lean las enmiendas que les hemos pasado" para apoyar los Presupuestos
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) solicita al Gobierno realizar una auditoría a la caja de las pensiones. Así lo ha anunciado este martes el portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián.
El partido critica el último acuerdo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que apunta a una subida de las cotizaciones sin contar con los empresarios y asegura que «el problema de las pensiones no es un problema de gastos sino de ingresos. Es una cuestión sobre precariedad, sino se entiende así no llegarán», ha señalado el portavoz en rueda de prensa.
Los republicanos han presentado al Gobierno 55 enmiendas parciales para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y siguen esperando que PSOE y Unidas Podemos se pongan en contacto.
«Cuando dejen de discutir y de ponerse medallas que se lean las enmiendas que les hemos trasladado», señaló Rufián. Los republicanos siguen esperando una contestación de cara a aprobar las cuentas y reconoce que sigue habiendo contacto «a nivel del Gobierno y de partidos» para sacar adelante el acuerdo.
Una petición a la que también se unió Podemos
ERC intenta poner en la picota la gestión de Escrivá y a esto ya se habrían sumado desde marzo sus socios de Gobierno Unidas Podemos y la formación de EH-Bildu porque en el seno del Pacto de Toledo, estas formaciones ya presentaron lo que denominaron ‘El manifiesto de Coespe’, que reivindica la existencia de «una deuda histórica no reconocida» en la Seguridad Social, tras la utilización «por los gobiernos de turno» de los sucesivos superávits en sus cuentas «para financiar políticas públicas ajenas» a esta caja.
Apoyándose en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), las formaciones señalan que, en caso de haberse acumulado, todos estos fondos constituirían un Fondo de reserva de 519.104 millones de euros, por lo que creen que las reformas realizadas o exigidas a favor de la viabilidad del sistema «no están justificadas».
«Es urgente que una auditoria oficial determine el importe de esos saqueos, para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos», afirmó Coespe en su manifiesto, quien recogió firmas para exigir al ministro Escrivá la realización de esta auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social.
ERC vuelve a sacar este martes el fantasma del armario en forma de enmienda para poner en la picota, de nuevo, al ministro de Seguridad Social. La formación informa que en otra de sus enmiendas solicitan subir el porcentaje de pensiones mínimas hasta el 90% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Para Rufián, el pacto que este lunes presentó el Gobierno sobre las pensiones y que deja fuera a la patronal sigue suponiendo un «problema de ingresos». «El colectivo migrante está pagando las pensiones de nuestros mayores. Hay que intentar dignificar las condiciones de trabajo. Nuestras enmiendas van encaminadas hacia eso y no hay respuesta», criticó el portavoz de ERC.
Cs también pide comunicación al Gobierno
Ciudadanos, curiosamente, también se ha alineado con ERC este martes para criticar la poca comunicación que mantiene el Gobierno con el resto de formaciones parlamentarias. Su portavoz, Edmundo Bal, criticó que el ministro Escrivá haya aprobado la subida de las cotizaciones de una «manera unilateral».
«Que no nos engañen, no acuerdan nada, no llaman a la oposición», apunta Bal. Para Cs, la subida de las cotizaciones anunciada por el Ejecutivo supone «lastrar las rentas del trabajo, más palos en las ruedas a los empresarios y no está reflejado en el Pacto de Toledo. Los jóvenes no pueden acceder a un empleo digno, ni se pueden independizar y el Gobierno les carga con más coste a sus salarios y ni siquiera les garantiza, en el día de mañana, que puedan cobrar una pensión», reitera Bal.
Desde Cs entienden que «hace falta un mecanismo de solidaridad que no parezca un simple parche porque no puede haber equidad si no hay crecimiento del empleo y la natalidad», insiste el portavoz.
La medida del Gobierno «es un parche que supone una ruptura de la equidad intergeneracional», sostiene Bal y agrega que, además, «hace un regalo al PNV puesto que no recalcula el cupo vasco y además rompe el diálogo social porque los empresarios no están de acuerdo», apostilla.