ERC pagará las fianzas de sus altos cargos en el Govern entre 2016 y 2017

Ni aval público, ni tampoco embargo de bienes inmuebles. ERC ha decidido pagar las fianzas de sus altos cargos en el Govern entre 2016 y 2017, que cubrirán parte de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex-altos de la Generalitat de Cataluña por su implicación en la difusión del procés independentista a través del Diplocat.

Según ha publicado La Vanguardia, los republicanos quieren evitar la ruina de los encausados, por lo que el partido se ha hecho cargo de los gastos de la mayoría de personas de su formación sin aval ni capacidad económica que tuvieron responsabilidades entre los años 2016 y 2017. En aquel entonces, ERC era el socio menor dentro del Govern de Carles Puigdemont.

ERC respondería con su líquido a parte de las fianzas, sin comprometer patrimonio, opción que se había llegado a valorar. Tal y como recoge el citado medio, algunos de los beneficiados serán el presidente de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller, Raül Romeva; el exsecretario general de Exteriores, Aleix Villatoro; o el exsecretario ante la UE, Jordi Solé.

ERC no compromete bienes inmuebles

Una de las opciones que se había valorado era que los partidos respondieran con sus bienes inmuebles a la fianza de 5,4 millones de euros. La idea se desechó cuando se aprobó el Fondo Complementario de Riesgo de 10 millones impulsado por Jaume Giró, cuya ley tiró adelante en el Parlament a finales de julio con un aval matizado del Consell de Garanties Estatutàries.

El Tribunal de Cuentas rechazó el pasado jueves el polémico fondo de 10 millones, a través del Institut Català de Finances, para avalar a los altos cargos del procés catalán. La delegada instructora, Esperanza García, pidió a la Abogacía del Estado que se pronunciara, aunque se inhibió, por lo que procedió a decretar que un organismo público no puede avalar.

La Generalitat anunció entonces un recurso contra la decisión del Tribunal de Cuentas, algo que también presentarán las defensas de los encausados pese a que deberán responder –al menos, de momento– al dinero requerido por el órgano correspondiente.

Giró: «Decisión política de venganza»

Jaume Giró definió la negativa del Tribunal de Cuentas como una «decisión política de venganza». «El Govern presentará recurso para que argumente jurídicamente su decisión», explicó el conseller de Economía mientras defendía la plena vigencia del decreto-ley tramitado en el Parlament como proyecto de ley.

“Se trata de una cuestión política, tomada por un órgano político formado por personas nombradas políticamente y que tienen su mandato caducado”, defendió Jaume Giró. El conseller remarcó la «casualidad» de que esta cuestión se decidiera el mismo día que PP y PSOE aprobaran la renovación de este órgano.