ERC, JxCat, la CUP y los ‘comuns’ atacan al TSJC por suspender el retraso electoral

Los partidos independentistas y los comuns no han ocultado este martes su malestar por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender el aplazamiento de las elecciones catalanas decretado por el Govern de la Generalitat.

«Inadmisible la judicialización, una vez más, de la política catalana», ha lamentado la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Dando continuidad al relato iniciado desde que se hizo inminente que el retraso electoral sería impugnado, la también secretaria adjunta de ERC ha acusado al Gobierno de interferir en la toma de decisiones del Govern.

«El PSC apunta, La Moncloa maniobra y la justicia ejecuta», ha recriminado Vilalta. «Y todo a costa de la salud de la ciudadanía. Felicidades, Illa, ya tienes lo que querías», ha añadido, sugiriendo que al ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, le favorece la decisión del TSJC.

«En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya», ha vaticinado la portavoz. Pero Oriol Junqueras, el líder encarcelado de los republicanos, fue más allá, no solo augurando una victoria ante los socialistas sino vinculando a los «jueces y el régimen del 78» a «un nuevo golpe a la democracia» debido a la suspensión judicial.

Cruce de acusaciones

Por parte de Junts per Catalunya se ha pronunciado el diputado Josep Costa, que ha sostenido que «debería dimitir alguien» tras el auto del TSJC. El también vicepresidente primero del Parlament no ha concretado a quién se refería pero se interpreta su desazón ante el decreto de aplazamiento electoral, responsabilidad de los de Pere Aragonès (ERC).

Albert Batet, presidente de JxCat, ha centrado sus críticas en la justicia, lamentando que la legislatura termine de nuevo «en manos de la justicia y del 155». «La pregunta es: ¿respetarán y harán respetar los resultados de las próximas elecciones y la soberanía de las instituciones catalanas?», ha señalado.

De igual forma, la CUP ha acusado al TSJC de poner «en riesgo» la salud pública y la democracia «obligando a 200.000 personas a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas». La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha recriminado que «la justicia no tiene mucho sentido ni de la realidad ni de la situación sanitaria».

A las críticas a la justicia se ha sumado la candidata de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, que ha tachado de «incomprensible» que el TSJC haya tomado esta decisión. «El Govern de JxCat y ERC no ha hecho bien su tarea, pero el aplazamiento es de sentido común, con las UCI colapsadas y gente que no podrá votar», ha dicho.

El PSC pide «seguir con los preparativos» del 14-F

Miquel Iceta ha abogado, en cambio, por «seguir con los preparativos» de las elecciones convocadas para el 14 de febrero mientras el TSJC hace pública su resolución final. El Govern se ha comprometido a ello en una comparecencia tras conocerse el auto que mantiene de forma cautelar los comicios del 14-F mientras toma una decisión sobre los recursos.

El primer secretario del PSC, el único partido que no aceptó la fecha electoral propuesta por el Govern del 30 de mayo, ha explicado que «lo que procede en este momento es acatar la resolución judicial, esperar que se resuelva definitivamente y seguir con los preparativos de unas elecciones porque las medidas cautelarísimas implican que el decreto sigue totalmente vigente».

El líder del PSC ha pedido al Govern que acate la resolución y ha abogado por «mantenerse a la espera de la decisión definitiva» del TSJC. Iceta ha recordado que los socialistas catalanes advirtieron de las «graves dudas jurídicas» que hay en torno al decreto del Govern y que siempre defendieron que «las cosas se tenían que hacer de otra manera».

Reacción de Cs y PP

Ciudadanos y PP están en una posición incómoda ahora, puesto que ambas formaciones aceptaron el retraso electoral y dieron luz verde a la nueva fecha propuesta por el Govern.

Por ejemplo, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido al Govern que, «si hay algo que corregir jurídicamente, lo haga». Hay que revestir el decreto de las «formalidades jurídicas necesarias», ha insistido.

«Lo que toca es proteger las vidas de los electores en el entorno en que la pandemia apunta a que estará en un momento gravísimo. Estamos convencidos de que se puede hacer jurídicamente y conciliar vida y tener un adecuado vestido jurídico», ha transmitido Carrizosa, señalando que «las cosas se tienen que hacer bien jurídicamente para permitir aquello que es de pura lógica y una cuestión de sentido común, que es que no podemos votar en un entorno que sea de riesgo para la salud».

Por su parte, el presidente y candidato del PP catalán, Alejandro Fernández, se ha limitado a pedir «respeto absoluto a los pasos que dé la justicia con respecto a las elecciones». «El Estado de Derecho consiste exactamente en eso», ha apuntado.