ERC hace oídos sordos al llamamiento de Quim Torra
El vicepresident Aragonès insiste en que la única vía es la del diálogo 24 horas después de que Torra abogara por la "confrontación" con el Estado
Por si no había quedado suficientemente claro, en ERC se encargaron de subrayar este miércoles que el discurso con el que Quim Torra llamó el martes a insistir en la «confrontación» con el Estado, alineándose con las tesis de su antecesor en la Generalitat, Carles Puigdemont, no va con ellos, pese a que Torra encabeza un gobierno de coalición repartido casi a partes iguales entre Junts per Catalunya (JxCat) y los de Oriol Junqueras.
En Esquerra no están interesados en hacer un debate público sobre la cuestión. Y su hombre fuerte en el govern, Pere Aragonès, no está por la labor de enmendarle la plana al president cada vez que este abra la boca. Pero a Aragonès le tocaba comparecer en el Parlament para dar cuenta del cierre de caja anticipado y el recorte del 6% del gasto público -servicios básicos excluidos- que dictó a principio de agosto para no incumplir el déficit.
Aragonès exhibió firmeza ante el gobierno central anunciando que lo llevará a los tribunales por impago: la Generalitat entiende que el ejecutivo central ya debería haberle abonado este año 874 millones de euros en concepto de anticipo de la financiación autonómica y correspondientes al incremento de recaudación de este 2019, y otros 443 de la devolución del último mes de 2017. Pero, además del movimiento en clave judicial, aprovechó para reiterar que, recursos aparte para exigir que el Gobierno cumpla con lo sus obligaciones, la vía de los republicanos es la que ya apuntó Junqueras: la del diálogo.
«Pese a todo, consideramos que la única vía es un diálogo que reconozca el derecho de autodeterminación de la ciudadanía de Cataluña», dijo en réplica a una intervención de la socialista Alicia Romero. Es más, también en respuesta a la diputada del PSC, el vicepresidente catalán se abrió a negociar una reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014. El govern tiene dos patas y cada una escoge su propio camino sin encomendarse a la otra.
Tras la comparecencia, el jefe de filas de ERC en Barcelona, el también diputado y exconseller Ernest Maragall, insistió en la idea, aunque fuera a base de jugar con las palabras para eludir un choque frontal con Torra.
Maragall consideró que está claro que hay un «conflicto abierto» entre la Generalitat y el Estado, pero también que ERC tiene un «criterio claro» sobre la mejor manera de conducir esa «confrontación», que no es otra que la fórmula planteada por Junqueras el lunesragonès contra el , la del «diálogo» y la «democracia». Un camino, remarcó el exconseller, que «no implica la más mínima renuncia ni rebaja de exigencia ni firmeza». Y, para muestra, le faltó decir, el contencioso anunciado por Aragonès.
Sànchez se suma al pressing a ERC
Que el speech de Torra transmite el sentir de su partido, no el del conjunto del gobierno que preside, y que está destinado a abonar el choque en clave preelectoral con Esquerra quedó reafirmado además por las críticas vertidas por Jordi Sànchez contra los de Junqueras por las ganas de estos de forzar un adelanto electoral tras la sentencia de la causa del procés.
«Mezclar anticipadamente la respuesta a la sentencia con elecciones son ganas de hacernos comulgar con ruedas de molino», espetó el expresident de la ANC y líder de JxCat, ahora preso en Lledoners, en una entrevista en Europa Press rica en andanadas a los republicanos, a los que acusa de actuar «empujados por los vientos electorales favorables y con la expectativa de ocupar más poder, especialmente en la Presidencia de la Generalitat», y a los que insta a aclarar «qué harían después de la elecciones que no puedan hacer ahora».
La CUP no se cree a Torra
Más allá de la evidente discrepancia estratégica entre ambos socios de gobierno, en la que la oposición hurgó durante la comparecencia del vicepresidente catalán, las palabras de Torra son tomadas con escepticismo, vistos los precedentes. Incluso por la CUP, que podría suscribir la apuesta maximalista del president, pero que no se la cree y solo ve «la misma retórica republicana de siempre, que nada tiene que ver con su acción de gobierno», en palabras de la diputada Maria Sirvent.
«Las declaraciones tienen que ir acompañadas de acciones», pero ahora mismo, alegó, «lo que hay sobre la mesa es la ley Aragonès» [una nueva norma en tramitación de contratos de servicios a las personas y que la CUP rechaza por entender que comporta una privatización de servicios, y la comparecencia del vicepresidente para dar cuenta del recorte de gasto público.
