ERC y Bildu presionan para prohibir los desahucios a más propietarios de viviendas

Más allá de la reforma del delito de sedición, las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han situado en el foco, sobre todo por la importancia capital que tiene para uno de los socios habituales del PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), otra demanda histórica en la izquierda: la ley de Vivienda.

No es nada nuevo: esta legislación lleva dos años rondando. Fue en octubre de 2020 cuando PSOE y Unidas Podemos pactaron ponerla en marcha a lo largo del año siguiente. Se aprobó en Consejo de Ministros en primera vuelta, pero su tramitación se atascó en el Congreso por el bloqueo de facto con la prórroga del periodo de enmiendas y, dos años después, la norma no ha sido aún publicada en el BOE, a pesar de que en el plan de recuperación de la UE España prometió a Bruselas que entraría en vigor, a más tardar, el 30 de septiembre.

Sin embargo, y a pesar de haber sido la estrella de las negociaciones e incluso «condición indispensable» para que Unidas Podemos diera su sí a las cuentas públicas desde hace dos años, esta vez la presión, y la que finalmente parece que está moviendo al PSOE, es de ERC. El plazo es de aquí a antes de que finalice este año.

Propietarios de diez pisos

Fuentes de Esquerra afirman en conversación con Economía Digital que se encuentran «centrados en la agenda social». «Vivienda es prioritario», admiten, y aunque no quieren desvelar en qué punto están las negociaciones -«intentamos no publicitar lo que hacemos»- sí que reconocen que está en marcha, pero con dos puntos claves de fricción: la definición de gran tenedor -propietarios de diez pisos, para ERC- y las competencias autonómicas que respalda la nueva norma.

Los republicanos buscan, y priorizan, que la norma ampare la legislación catalana que aprobó el Parlament sobre de alquileres y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. «A la gente le importa más el alquiler que la sedición», guiñan. Su objetivo, de hecho, es tratar de endurecer el primer texto que se aprobó en el Consejo de Ministros e impedir las subidas de alquileres en zonas tensionadas.

Esas demandas van, además, en consonancia con lo que reclama Bildu. Tanto, que ambas formaciones se han unido a Unidas Podemos para registrar enmiendas a las cuentas públicas que buscan regular los alquileres y prohibir los desahucios de forma estructural.

Las enmiendas registradas

Los socios exigen la regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas «mediante la intervención en el mercado y como único mecanismo eficaz para condenar la subidas abusivas», según las enmiendas parciales registradas este viernes en el Congreso.

Además, los grupos parlamentarios solicitan prohibir «de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y cumplir así con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos».

Por último, reclaman una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda en nuestro país, como el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.

Qué pide Bildu

Bildu, por su parte, baja su definición sobre qué es un gran tenedor de vivienda en España y lo sitúa en un propietario de 8 pisos. Además, los abertzales reclaman que, en el caso de las viviendas propiedad de los grandes tenedores, sea obligatorio el alquiler social cuando sobrevenga la situación de vulnerabilidad económica de las personas que integran la unidad familiar de la vivienda habitual que imposibilite la devolución de un préstamo hipotecario o el pago de las rentas de alquiler, o siempre que las personas afectadas no tengan una alternativa de vivienda propia y estén en riesgo de exclusión social.

Además, Bildu insiste en imponer una moratoria de desahucios en las propiedades de los grandes tenedores hasta transcurrido 1 año de la entrada en vigor de esta ley, ya sea o por impago de alquiler, o por precario cuando se trate de la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de riesgo de exclusión residencial.

Esta moratoria, para Bildu, es la manera más efectiva de que se empiecen a implantar las medidas que tiene que
incorporar la Ley «para evitar desahucios de familias vulnerables en manos de grandes tenedores, como el alquiler social obligatorio», y, además, las asegura también para aquellos procedimientos de desahucios ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.