Entidades constitucionalistas facilitan formularios para que las familias reclamen el 25% de castellano en los tribunales

Entidades a favor de que la enseñanza en Cataluña ofrezca un 25% de clases en castellano van a facilitar formularios a las familias para que reclamen este derecho ante los tribunales en los casos en los que el centro no cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo. Así lo han anunciado este jueves un grupo de organizaciones que se han reunido bajo la plataforma Escuela de todos para reivindica el bilingüismo en las escuelas catalanas.

«Nos gustaría no tener que llenar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de peticiones porque eso supondría que el Govern de la Generalitat cumple la decisión judicial», ha asegurado en rueda de prensa José Domingo, abogado de la familia de Canet de Mar que fue señalada por reivindicar la tasa correspondiente de castellano y fundador de Impulso Ciudadano (IC) , una de las entidades que forman parte de la nueva plataforma.

«Nos gustaría no tener que llenar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de peticiones porque eso supondría que el Govern de la Generalitat cumple la decisión judicial»

José Domingo, fundador de Impulso Ciudadano

Además de esta organización, también se han unido otras entidades como la Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano (IC), Profesores por el Bilingüismo, Plataforma La Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Según esta última, más de 32 familias catalanas han pedido la escolarización con el 25% de castellano tras el caso de Canet y otras trece tienen intención de presentar próximamente sus reclamaciones.

Y ahora la intención es que más familias se sumen ante la amenaza de la Generalitat de no cumplir con el fallo del Tribunal Supremo. Pese a que ja justicia catalana ha requerido a la conselleria de Educación que “adopte las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”, el Govern no tiene ninguna intención de cumplir con esta norma.

Las entidades se movilizan ante las llamadas de desobediencia del Govern

El responsable de este departamento,  Josep González-Cambray, envió el pasado 24 de noviembre una carta a los directores de los centros educativos en la que les animó a hacer caso omiso de la sentencia. Lo hizo tan solo un día después de que el Supremo rechazara el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar un 25% de castellano en la enseñanza.

“Es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos”, apuntó el conseller en la misiva. Por ello, trasladó a los directores que no debían llevar a cabo “ningún cambio en los proyectos lingüísticos”, pese a lo que dice la sentencia y les aseguró que tenía «plena confianza» en ellos. «queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora”, indicó.

Esta misma semana, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido a la Generalitat que asuma la dirección de la escuela Turó del Drac, el colegio de Canet en el que se levantó la polémica, para impedir que se cumpla el 25% de castellano sin poner en riesgo a la actual dirección del centro: “No puede ser que no se pueda hacer nada”.

En una entrevista en Cafè d’Idees de RTVE este lunes, la máxima responsable de la cámara catalana, a pesar de las declaraciones del conseller de Educación en contra del bilingüismo en las escuelas de la región, le reprochó su pasividad ante la sentencia que obliga a eliminar la inmersión en el centro, y “descargar la presión sobre los profesionales” del colegio.

“Se puede utilizar y lo que tenemos que hacer es protegernos”, defendió. La presidenta del Parlament recordó que la Generalitat tiene plenas competencias en materia educativa, y no acepta la versión de Cambray de que la sentencia se dirigía directamente al centro educativo y que la Generalitat no tenía margen de maniobra.