Así decidirá el Tribunal de Cuentas si acepta los avales
La decisión final está en manos de dos jueces elegidos por el PSOE y una por el PP en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
La exconsellera Meritxell Serret (i); el exconseller Toni Comín (c-i); el exvicepresidente Oriol Junqueras (c-d); el expresidente Carles Puigdemont (d); en el reencuentro entre ambos en Waterloo
En estos momentos, el futuro sobre los bienes personales de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y 32 ex altos cargos del Govern está en manos de dos magistrados elegidos por el PSOE y una por el PP (la Sala de Justicia).
El Tribunal de Cuentas ha iniciado el procedimiento de embargo de los bienes de los 34 líderes independentistas a los que reclama una fianza de 5,4 millones de euros por el uso irregular de fondos públicos en la promoción del proceso independentista en el extranjero a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.
El proceso no es inmediato pero este miércoles terminaba el plazo para que los encausados depositasen los 54, millones de euros de fianza que les exige el órgano fiscalizador de las cuentas. Sólo cuatro dirigentes han ingresado sus fianzas en plazo, dos abonando la cantidad exigida y otros dos mediante inmuebles como aval.
La Generalitat, por su parte, no ha llegado a tiempo mediante el contraaval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). La Junta de esta institución tomó la decisión de ser el contraavalista a las 9 de la noche y hasta las 12, esgrimen, que no les dio tiempo a depositarlas. ¿Qué pasará ahora?
Fuentes del Tribunal de Cuentas explican a Economía Digital los pasos a seguir por este órgano:
En primer lugar, el procedimiento de embargo que iniciará la instructora del procedimiento, Esperanza García, no es inmediato, sino que ahora se estudiarán los bienes presentados como garantía para ver cuáles pueden embargarse.
La instructora tiene que dictar una providencia para que comience el proceso de embargo que, a primera hora de este jueves todavía no se había dictado, según confirman las fuentes consultadas.
Asimismo, explican que el inicio del procedimiento de embargo no significa que, de entregarse la fianza después del plazo estipulado para el afianzamiento, no se admita ésta u otros depósitos; de tal forma que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar el embargo.
Fuentes del Tribunal también subrayan que todos los intentos precedentes de pago por vías que comprometían fondos públicos han sido rechazados hasta ahora. La delegada instructora ha dado este jueves dos días de plazo a los representantes legales de los investigados para que los encausados abonen las fianzas correspondientes.
Esta decisión, en todo caso, no será la última palabra del Tribunal de Cuentas en este asunto. La resolución la determinará la Sala de Justicia, formada por tres magistrados: María Antonia Lozano, designada a propuesta del PSOE e IU; Felipe García Ortiz, designado a propuesta de PSOE y su presidente, José Manuel Suárez Robledano, que fue propuesto por el PP.
Desde el tribunal dan por hecho que habrá recurso y esta Sala será la encargada de estudiar si el procedimiento es recurrible o no. De hechos, ya están los actores más que dispuestos asegurando que si el aval fuera aceptado, la entidad Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que ejercen la acción popular, impugnarían la decisión.
El procedimiento comienza esta semana y se alargará en el tiempo. Es lo que desea la Generalitat, que espera que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie el próximo 29 de julio a su favor y esto anime a las entidades bancarias a presentarse en lugar del ICF. Los más realistas apuntan a que no hay tiempo. La juez instructora activará los embargos este domingo si los encausados no han depositado sus fianzas.
