Elena Cortés y la insumisión inmobiliaria

No es muy normal que un político, y más cuando ostenta el poder, se empecine en defender a capa y espada los derechos de los ciudadanos a sabiendas de que con ello está tocando las narices, por no decir otra cosa, a los más poderosos.

La historia está llena de personajes que parecía que sí, que estaban dispuestos a aguantar el tipo pero que al final, tarde o temprano, terminaron por plegarse a las presiones. No es el caso de Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Se ha propuesto cumplir con ambos objetivos, y en ello está.

«Estafa del capitalismo inmobiliario»

Como suele decir con ese verbo apasionado, pero sereno y exento de aparente crispación, del que hace gala en cada intervención pública hablando de estafa y de expolio con suma naturalidad, la consejera de Izquierda Unida (IU) no ha llegado para pasar de perfil, como sus antecesores socialistas en el cargo.. Ella, en lugar de crisis, prefiere denominar “estafa del capitalismo inmobiliario” en el que han quedado atrapados decenas de miles de ciudadanos.

Los directamente aludidos y partícipes de la situación creada (políticos, empresarios y, sobre todo, las entidades financieras) tachan sus ideas de fuera de lugar, antidiluvianas y revolucionarias. Y –lo que más les enerva– que lo único que está haciendo es poner obstáculos a la solvencia de la marca España y a dificultar el adecuado saneamiento del sistema financiero. Con el dinero hemos topado.

Decreto de inconstitucionalidad

No se dan cuenta de que todas esas críticas suponen para la cordobesa todo un acicate para seguir adelante con esa “insumisión ante el expolio inmobiliario producido”, a la que suele referirse para explicar que no son medidas demagógicas las que está promoviendo desde el cargo, en el que acaba de ser ratificada por Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía.

“No nos vamos a rendir jamás” es una de esas frases de cabecera con la que cierra muchas de esas intervenciones. Y el Gobierno de Mariano Rajoy y los bancos ya lo han podido comprobar nada más llegar de vacaciones.

Azuzado por las entidades y hasta por los miembros de la troika –quienes al final son los que deciden lo que se tiene que hacer después de los 41.000 millones recibidos por el Estado español para rescatar a los bancos– el Ejecutivo presentó en julio un decreto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), por entender que el decreto andaluz sobre la función social de la vivienda iba a afectar negativamente a la estabilidad del sistema financiero y a la propia recuperación económica.

Medidas adicionales

Ni dos meses ha tardado la consejera en conseguir que ese decreto, suspendido de forma cautelar hasta el próximo mes de diciembre, se convierta en ley. Y, además, incluyendo algunas medidas de protección adicionales que en la norma anterior no se recogían.

Además de las sanciones a las entidades (bancos, Sareb o cualquier otra entidad jurídica) que posean casas vacías y no las ofrezcan en alquiler, y la expropiación temporal de las viviendas que estén a punto de desalojar a familias en riesgo de exclusión, se extiende el derecho de solicitar la expropiación a los autónomos que hayan avalado su negocio con su propia casa, a las personas que hubieran avalado la hipoteca de un familiar con su propio piso y a los que firmasen hipotecas puente.

Reacción del Ejecutivo

Ahora, será de nuevo el Gobierno el que decida si presenta un nuevo recurso. Lo hará en cuanto la nueva ley sea publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Y, además, en este caso, bastará un anexo al recurso contra el decreto ley para hacerlo, sin tener que contar con acuerdo expreso del Consejo de Ministros.

Mientras, el Gobierno antepone en este asunto la defensa de los intereses legales de los bancos, como lo dejó claro en el recurso, desde la Junta. Con Cortés a la cabeza, se busca dar cobertura al derecho constitucional de tener una vivienda digna en un sitio como Andalucía donde existen 700.000 viviendas deshabitadas, 80.000 familias han sido desahuciadas, otras 196.000 reclaman el derecho a tener techo y solo existe un parque público de vivienda de 80.000 unidades.

Quizá sea el de Cortés un discurso un tanto demagógico, o quizá no. Pero lo cierto es que su insumisión activa está poniendo nervioso a más de uno. Y algo de razón tiene la consejera cuando argumenta que en España, desde hace demasiado tiempo, el Estado se ha puesto al servicio del que ella denomina “capitalismo inmobiliario” que, junto al turismo, son los dos elementos con los que la élite económica ha generado, genera y piensa seguir generando pingües beneficios.