El TSJC tumba la Zona de Bajas Emisiones de Colau en Barcelona

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anunciado este lunes la anulación de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de diciembre de 2019, que aprobó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringía la circulación de determinados vehículos en la ciudad.

El organismo judicial, a través de las redes sociales, achaca el motivo de esta determinación a la carencia de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados, entre otros motivos.

El TSJC ha estimado así seis recursos presentados por diez colectivos diferentes, entre los que destaca la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Barcelona, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) o la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (AUDICA).

En concreto, la ZBE de Barcelona afecta a la capital catalana y a cuatro ciudades colindantes en un total de 95 kilómetros cuadrados y prohíbe a los vehículos más contaminante circular en días laborables, de 7.00 a 20.00h, es decir, aquellos que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Dentro de estos vehículos se encuentran los de gasolina matriculados antes de enero del año 2000 o modelos diésel matriculados antes de enero de 2006.

Así acordó Generalitat de Cataluña la ordenanza municipal, aprobada por el plenario municipal el 20 de diciembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020, con el objetivo de reducir «como mínimo un 15%» las emisiones de óxidos de nitrógeno y otras partículas contaminantes y llegar al umbral que recomiendan las autoridades sanitarias.

“Desde el momento en que circular por la ciudad de Barcelona en días y horas laborables se condiciona a la renovación del vehículo sin distintivo ambiental, es indudable que los más afectados son los colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo por uno con distintivo ambiental y pretenden seguir circulando por Barcelona”, resuelve la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.