El TSJC responde a Sánchez: corresponde al Gobierno hacer que se cumpla la sentencia del 25% de castellano
Los jueces catalanes responden a Educación que es su responsabilidad hacer que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo ya que fue la Abogacía del Estado interpuso un recurso en 2015
Ni la Justicia catalana ni el Gobierno de España se consideran responsables de hacer que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que en Cataluña el 25% de las clases deben impartirse en castellano. La pelota ha pasado del campo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a, de nuevo, el del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los magistrados catalanes justifican que no pueden fiscalizar que se cumpla la sentencia porque, en su opinión, ya lo han hecho. Según ha adelantado El Mundo, para los jueces quienes tienen que estar pendientes de si la Generalitat cumple o no son las partes personadas. Es decir, el propio Gobierno, ya que la Abogacía del Estado interpuso un recurso en 2015, cuando gobernaba el PP.
Pero el Ejecutivo ya se ha lavado las manos. El ministerio de Educación quiere dar margen al Govern de Pere Aragonès para que agote los dos meses de plazo que tiene para acatar el fallo del alto tribunal. Confía en que cumpla, por lo que no ha querido pronunciarse sobre si pedirá a la Abogacía del Estado la ejecución forzosa, según ha podido saber Economía Digital.
El Govern tiene dos meses para cumplir la sentencia
Las fuentes gubernamentales consultadas por este medio destacan que la Generalitat “tiene un plazo de dos meses” para hacer efectivo el cumplimiento del fallo “y a partir de ahí veremos”. De igual manera se pronunció este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, al asegurar que “dependiendo de lo que haga (la Generalitat) se irán dando pasos“, sin querer pronunciarse acerca de si intervendrá finalmente la Abogacía del Estado.
De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende evitar lo que podría ser un choque jurídico y político con sus socios de ERC cuando este jueves se votan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, ERC aprovecha su buena sintonía con el Gobierno tras darle su apoyo en las cuentas. Aragonès le pidió a Sánchez este miércoles que respaldara su modelo lingüístico. “Lo que pedimos es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística”, afirmó el líder republicano.
El president defendió que el actual sistema ayuda a garantizar la “cohesión y la igualdad de oportunidades” en la comunidad autónoma y pidió ayuda al departamento que dirige Pilar Alegría. “Mientras Cataluña siga formando parte del Estado español, la defensa, fomento y uso del catalán en la escuela también debe ser responsabilidad del Gobierno del Estado. Es una lengua que tienen que proteger”, concluyó.