El TSJC pone fecha al juicio a los miembros de la Mesa del Parlament
Los exdiputados Lluís Maria Corominas, Lluís Ginó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya seran juzgados la misma semana que Quim Torra
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará a la exdiputada de la CUP Mireia Boya y a los cinco miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura, todos ellos acusados de un delito de desobediencia, los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre.
Los cinco exmiembros de la mesa son Lluís Maria Corominas, Lluís Ginó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. En su caso y en el de Boya, ni la fiscalía ni la abogacía del Estado solicitaron penas de cárcel, sino una multa de 10 meses y un año y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de desobediencia grave. En el caso de Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet, por las decisiones la mesa tomó en septiembre y octubre de 2017.
El Tribunal Supremo trasladó en febrero la causa contra los seis acusados al TSJC, atendiendo así a la petición de sus defensas. El presidente del tribunal que ha juzgado al resto de líderes independentistas, Manuel Marchena, justificó el traslado por «la previsible duración de la causa especial, la continuada presencia de los procesados durante las prolongadas sesiones del juicio oral y, en fin, el obligado desplazamiento de quienes sólo van a responder del delito de desobediencia».
La que fue presidenta de la mesa cuando se produjeron los hechos enjuiciados, Carme Forcadell, también pidió ser juzgada por el TSJC, pero, al ser considerada uno de los promotores de la presunta rebelión o sedición, su petición fue desestimada y fue procesada en el Supremo junto a Oriol Junqueras, los exconsellers y los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Las fechas escogidas por el TSJC comportan empezar la vista oral al día siguiente al juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, también por desobediencia, en su caso, por no retirar las pancartas de apoyo a los presos de los edificios de la Generaltiat cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central.