El TSJC ordena al Govern que cumpla con la sentencia del 25% de castellano
La Justicia catalana acepta la solicitud de AEB y da un plazo de 15 días a la Consejería de Educación para impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano
El conseller de Educación, Josep González Cambray. EFE/Andreu Dalmau.
La Sección Quinta de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este lunes al Govern el «cumplimiento inmediato» de la sentencia que establece que un 25% de las clases deben impartirse en castellano. Los magistrados ha dictado un plazo máximo de 15 días para ejecutar esta orden judicial.
La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar la educación también en castellano. El 25% supone que se deba impartir otra materia troncal, además de la lengua, en español. La resolución decreta la firmeza del auto que el tribunal dictó en diciembre de 2020, tras el rechazo del Tribunal Supremo a admitir el recurso de casación del Govern.
La Justicia catalana ha respondido así a la petición que hizo la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para forzar la aplicación de esta sentencia para todas las aulas autonómicas. Por el contrario, ha desestimado la petición que hizo el partido Vox así como algunos diputados del Parlamento catalán alegando a una «falta de legitimidad».
El tribunal ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que «dicte las instrucciones y establezca garantías de control de las mismas que procedan a los efectos que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
De esta manera, los colegios de Cataluña deberán incluir, como mínimo, la docencia de la misma lengua y otra asignatura troncal, según ha recordado el TSJC. Asimismo, los magistrados han pedido al Govern que «le informe en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas». Además, la Alta Inspección Educativa tendrá que verificar el cumplimiento de la sentencia detallando sobre la actividad desplegada para hacerlo.
Cabe recordar que el pasado mes de abril, el Govern reclamó tiempo al tribunal y le instó a no aplicar la sentencia, ya que, según alegaban, necesitaban tiempo para reformar la Ley de política lingüística y el decreto de uso de las dos lenguas en el sistema educativo.
Esta sentencia provocó un goteo de familias que han pedido el famoso 25% de castellano, entre las que se encuentra la polémica situación de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona, cuando, después de que el colegio comunicara la decisión tras la denuncia de la familia de un alumno de P5, varios padres y madres reaccionaron públicamente en contra e iniciaron una recogida de firmas rechazando la sentencia, que derivó en acoso a la familia.
Por último, destacar que el tira y afloja judicial a cuenta del idioma se produce en un contexto de retroceso de la lengua catalana en las aulas: si el 68% de alumnos usaba siempre o casi siempre el catalán en clase en el año 2006, ahora es el 21,4%.
