El TSJC mantiene el 25% de castellano en Canet mientras el Govern estudia esquivar la sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comunicado que se mantendrán las medidas cautelares por las que requirió a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona, que impartiera un 25 % de la enseñanza en castellano, tras haber desestimado una petición de varias familias que se han manifestado en contra de la inmersión.

Dicho centro escolar está obligado a aplicar el 25% de castellano en por una sentencia del alto tribunal. Después de que el colegio comunicara la decisión tras la denuncia de la familia de un alumno de P5, varios padres y madres reaccionaron públicamente en contra e iniciaron una recogida de firmas rechazando la sentencia, que derivó en acoso a la familia.

No quedó ahí la cosa. El pasado 4 de febrero, estos padres de alumnos del mismo curso del menor afectado, mantuvieron su posición en contra de la aplicación de esta orden y reclamaron al TSJC la revocación de la medida cautelar, alegando que esta decisión afecta al régimen lingüístico previsto en la educación de sus hijos.

Sin embargo, la sala argumenta en su rechazo a las alegaciones de los padres que quieren blindar la inmersión que “el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el sistema de conjunción lingüística es un imperativo constitucional y que el mismo comporta necesariamente el uso vehicular de todas las lenguas oficiales, sin que se pueda reconocer a los usuarios del servicio de enseñanza un derecho subjetivo a escoger lengua o a una enseñanza monolingüe vehicular. Un planteamiento éste que coincide con lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 23 de julio”.

Además, el tribunal ha subrayado, bajo esta perspectiva, que «no se puede identificar un daño a los alumnos del curso afectado por el hecho que se aplique el sistema de conjunción lingüística en la medida que esta circunstancia no vulnera un eventual derecho subjetivo que puedan tener ante el sistema de enseñanza”.

Nuevas protestas

Por otro lado, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene lugar en vísperas de la manifestación convocada por los sindicatos Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato de docentes USTEC para defender «los pilares de una escuela pública de calidad y en catalán».

A esta huelga están llamados los trabajadores de todos los niveles educativos, desde infantil hasta universitarios, de la educación publica y concertada catalana, además de los estudiantes de instituto y de las universidades, que han recordado que el próximo 5 de abril acaba el plazo dado por el TSJC para empezar a aplicar la sentencia e impartir en todos los colegios catalanes el 25% de las materias en castellano.

Por ello, los convocantes han denunciado que «nos encontramos en tiempo de descuento» y ante la urgencia del calendario de aplicación de la sentencia, han criticado que la Conselleria de Educación «todavía no haya dicho qué hará para garantizar que el catalán continúe siendo la lengua vehicular en nuestras aulas». 

Un nuevo decreto lingüístico para «dar respuesta» a la sentencia

Por su parte, Josep González Cambray, el conseller de Educación, ha instado en repetidas ocasiones a las escuelas e institutos a seguir aplicando su propio modelo lingüístico de centro, a la vez que ha afirmado que asume la responsabilidad de ello. Sin embargo, desde la fiscalía se ha apuntado a que la responsabilidad de las actuaciones en los centros educativos recaen en las direcciones, lo que las deja en una posición difícil a la hora de defender el modelo de inmersión lingüística y no impartir el 25% de materias en castellano.

A la par, el conseller ha comunicado este martes, durante una rueda de prensa, que el Govern comienza a preparar un nuevo decreto lingüístico para «dar respuesta» a la sentencia. Cambray ha detallado que el nuevo marco normativo «no se basará en porcentajes» y tiene el objetivo de «fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana y de dotar de mayor seguridad jurídica los proyectos lingüísticos de los centros educativos«.