El TSJC exige a González Cambray que explique como aplicará el 25% de castellano en las aulas catalanas
La justicia rechaza un recurso de la Generalitat para intentar esquivar el cumplimiento de la sentencia
Josep González Cambray, consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña / EFE
El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado un recurso de la Generalitat por la sentencia del 25% de castellano. La justicia exige al consejero de Educación, Josep González Cambray que dicte «las correspondientes instrucciones o resoluciones al personal docente» para garantizar las horas lectivas en castellano.
El movimiento judicial da la razón a la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la denuncia del padre de un alumno. El magistrado critica que la Generalitat haya intentado esquivar la aplicación de la sentencia con un recurso por «vulneración de derechos del alumnado y los profesores».
Movimientos de la Alta Inspección de Educación
Recientemente, la dirección de la Alta Inspección de Educación del Estado en Cataluña ha transmitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que solo puede limitarse a pedir información sobre la aplicación del 25 % de enseñanza en castellano al Departamento de Educación.
En su auto de ejecución del 25 %, los magistrados pidieron al consejero de Educación que estableciera unas garantías para el cumplimiento del porcentaje en castellano y a la vez instó al cuerpo de inspectores a verificar «el cumplimiento de la parte dispositiva» de la sentencia.
La postura de la Alta Inspección ha decepcionado a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, la entidad que solicitó al TSJC la orden de ejecución forzosa del 25 % de enseñanza en castellano. El jurista y miembro de esta organización, Rafael Arenas, la ha tildado de «tomadura de pelo» la actuación de los inspectores.
En este sentido, Arenas ha señalado que el TSJC pedía a la Alta Inspección que verificara si se cumplían las exigencias sobre el uso del castellano como lengua vehicular y los derechos lingüísticos de los alumnos. El abogado cree que su actuación (Alta Inspección) «sigue en la línea del Gobierno, es decir, mirar hacia otro lado e incumplir la normativa recogida en la constitución».
