El TSJC confirma que Generalitat discriminó a la Policía y la Guardia Civil en la vacunación
El tribunal condena la Generalitat al pago de las costas procesales, si bien se establece una cuantía máxima de 4.000 euros por todos los conceptos, incluido el IVA
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado este viernes a la Generalitat debido al «trato injustificado y discriminatorio» que tuvo con los los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante la vacunación contra la Covid-19 con respecto a los Mossos d’Esquadra.
El tribunal ha considerado que el Govern tuvo una «falta total de iniciativa» en la campaña de inmunización de los dos cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma. Además, en su sentencia, la sala contenciosa administrativa del TSJC ha acusado al Gobierno de Pere Aragonès de haber «retrasado» la vacunación de estos agentes.
El alto tribunal alega que la Generalitat no tuvo la «misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos», es por ello que ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, aunque el órgano establece una cuantía máxima de 4.000 euros por todos los conceptos, incluido el IV.
Para sustentar este argumento, la sala se ha en los propios datos facilitados en la web del departamento de Sanidad de Cataluña. Ante los propios datos facilitados en su día por el departamento, la sentencia entiende que las cifras de vacunación de las diferentes policías no pueden ser «más dispares» en el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 22 de abril.
«Mientras que los no nacionales se mueven en una horquilla de 66,9 a 79,1 %, los nacionales tenían un porcentaje de 3,6 y 2,8 % el 24 de marzo y de 9,9 y 6,3 % el 22 de abril de 2021″. Asimismo, cabe recordar que la vacunación en las policías autonómicas y locales comenzó el 10 de febrero, mientras que en los nacionales comenzó el 12 de marzo, un mes más tarde y, además, a un «ritmo extremadamente lento».
Una “politización” de la vacunación
Ante estos hechos, los sindicato de policía Jupol y la asociación de guardiaciviles Jucil denunciaron que su situación respondía a una “politización” de la campaña de vacunación por parte de la Generalitat que había priorizado a los agentes autonómicos. “No han dudado en poner en peligro la salud y la vida de los demás con tal de alcanzar sus objetivos políticos”, señalaron en un comunicado.