El TSJC confirma el procesamiento de Borràs por presunta prevaricación y falsedad documental
Según constata el TSJC, la defensa de Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha intentado apartar al juez instructor del caso
EFE/Enric Fontcuberta/Archivo
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que procesa a Laura Borràs, actualmente presidenta del Parlament de Cataluña. El juzgado ha rechazado además la petición de la presidenta de ser juzgada por un jurado popular por, presuntamente, fraccionar 18 contratos y otorgarlos de manera discrecional cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Además, la sala la acusa de intentar «dilatar» la causa y de «retrasar» la apertura de juicio oral al plantear la recusación al juez instructor.
En un auto, el TSJC descarta la petición de Borràs de ser juzgada por jurado popular porque la Fiscalía no la acusa finalmente de los delitos de malversación y fraude, los que citaba la presidenta para justificar su solicitud. El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
Intentos de apartar al juez instructor
En su recurso, el abogado Gonzalo Boye pedía al juez que, antes de enviar a Borràs a juicio, planteara una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC decida si la presidenta del Parlament puede ser juzgada por un tribunal popular, pese a que el delito de prevaricación está excluido de la competencia del jurado.
El juez reprocha a la defensa que no precise qué preceptos de la Constitución pueden colisionar con la ley del jurado y, en cualquier caso, recuerda que Borràs solo será juzgada por los delitos de falsedad y prevaricación que le atribuye la Fiscalía y no el de malversación, que sí es competencia del jurado popular.
El auto rechaza también la recusación que la defensa de Borràs presentó contra el magistrado Carlos Ramos alegando que fue nombrado en 2004 a partir de una terna propuesta por el Parlament al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que habría tenido «intervención decisiva» el PSC, grupo que ha solicitado reiteradamente la dimisión de la líder de JxCat. Ramos fue designado en sustitución de Jordi Seguí, el cual ha finalizado la comisión de servicios por la que fue destinado a la sala penal del TSJC.
El auto responde que son varias las sentencias que últimamente han descartado que el origen parlamentario de la designación de un juez sea motivo de recusación y concluye que el alegato de la defensa «solo puede considerarse un abuso de derecho y un fraude procesal» dirigido a apartar al juez.
ERC y los Comunes piden su dimisión
En las últimas semanas Borràs aseguró que no tiene «ninguna intención» de dimitir porque, defiende, es «inocente». “No he cometido ningún delito, de hecho, me siento especialmente orgullosa del trabajo que realicé al frente de la Institución de las Lletres Catalanes”, afirmaba el pasado 5 de julio.
Sin embargo, desde Esquerra presionan para que dimita. Aragoès declaró la semana pasada que «independientemente de si son ciertos los hechos o no, los delitos de la instrucción son los que son». En esta línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha indicado este lunes que «la prevaricación es corrupción» y que, por tanto el escrito de la Fiscalía en el que se acusa a la presidenta es delito. Considera que desestimar la malversación «no cambia la situación». Ha afirmado además, que los partidos tienen que ser «muy ejemplares» en sus actuaciones, y «no perjudicar al proyecto independentista, y menos aún a las instituciones» catalanas.
Por su parte, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, también a instado a Borràs a «dar un paso al lado».
