El TSJC concluye que la consejera catalana de Cultura desobedeció el 1-O
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, estaba procesada también por presunta malversación de caudales públicos
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, junto al secretario de Política Lingüística, Xavier Francesc Vila, en rueda de prensa / ED
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha finalizado la instrucción en la que investigaba a la consellera de Cultura, Natalia Garriga, que ha sido procesada solo por un delito de desobediencia grave por su papel en el 1-O, al descartar la magistrada a última hora que cometiera malversación.
La magistrada de la sala civil y penal del TSJC Maria Eugènia Alegret, concluye en el auto la instrucción relativa a la consellera y une su causa a la de los exaltos cargos de la consellería de Vicepresidencia y Economía en 2017 y actuales diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
La juez acordó el pasado 13 de abril, poco antes de dar por finalizada la instrucción del caso, dejar sin efecto el procesamiento de Garriga por un delito de malversación de caudales públicos y limitarlo únicamente al de desobediencia grave a la autoridad judicial, que se castiga con inhabilitación y multa, pero no conlleva penas de prisión.
También, acordó modificar el procesamiento de Garriga y limitarlo solo a desobediencia grave después de una comparecencia de la consellera en sede judicial, el pasado 14 de marzo, en la que la política de ERC alegó que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del 1-O y negó que usara fondos públicos para organizar el referéndum.
Procesamiento judicial
Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía, dirigido por Oriol Junqueras y donde la ahora consellera de Cultura ejercía de directora de servicios.
Cuando aún no era aforada, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona la procesó en 2019, junto a una treintena de exaltos cargos del Govern, por malversación y desobediencia, por participar en los preparativos del 1-O, que suspendió el Constitucional, principalmente a raíz de sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación.
Tras las últimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consellera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la incorporó al proceso contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové -quien era su superior en el Departamento- y Lluís Salvadó.
En un escrito que remitió a la sala civil y penal del TSJC cuando el alto tribunal asumió la causa sobre Garriga, el fiscal Pedro Ariche sostuvo que la consellera incurrió en un delito de desobediencia grave, por «desatender los mandatos» del Constitucional y colaborar en la organización del 1-O desde su cargo de directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidenta, pero no de malversación.
La Fiscalía acusa a la consellera de ejercer de «enlace» entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de «transmitir instrucciones» para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona).
Según el ministerio público, también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible para cualquier persona y asistió a un acto en abril de 2017, organizado por el Departamento de Vicepresidencia, «con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve».
