El TSJC asume la causa judicial de Laura Borràs por el presunto troceo de contratos

La causa de Laura Borràs, imputada por presunta adjudicación de contratos en su etapa de directora como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC). El juez Jordi Seguí ha asumido la causa, que hasta ahora investigaba el Supremo por haber sido parlamentaria en el Congreso de Junts.

Seguí se ha hecho cargo por turno de reparto, lo que ha dado traslado de la misma a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si esta sala es competente para investigar a la presidenta de la Cámara. La causa está en manos del TSJC, después de que el pasado 12 de abril se inhibiera a su favor el Tribunal Supremo.

No obstante, tras las elecciones catalanas del 14F Borràs –número dos de las listas de JxCat que encabezaba Carles Puigdemont– fue elegida diputada del Parlament y designada presidenta de la cámara catalana, lo que la convierte en aforada ante la sala civil y penal del TSJC, al que corresponde investigar el caso y en su caso enjuiciarla.

Una causa abierta desde 2019

En la causa, abierta por los delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración, están investigados Borràs y un amigo suyo beneficiario de unos contratos de la Institució de les Lletres Catalanes que presuntamente se adjudicaron de forma irregular.

El Supremo abrió causa penal contra Borràs en diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

En concreto, se investiga si la presidenta del Parlament adjudicó de forma fraudulenta a su amigo Isaías H.F. 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017, fraccionándolos de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes.

Una instrucción a punto de culminarse

Según la juez de instrucción que investigó el caso en sus inicios, de común acuerdo con Borràs, Isaías H.F. fijaba los importes de las fracturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, con el fin de ocultar el verdadero prestador del servicio.

La causa contra Borràs llega al TSJC cuando la instrucción está a punto de culminarse, dado que se han practicado ya la mayoría de las diligencias solicitadas por las partes, unas a cargo de los Mossos d’Esquadra y otras de la Guardia Civil.