El TSJC admite a trámite la denuncia por desobediencia contra Roger Torrent
La Fiscalía había presentado una querella contra todos los miembros de la Mesa del Parlament por permitir la tramitación de dos mociones relacionadas con la independencia en 2019
Roger Torrent tendrá que dar explicaciones por un presunto delito de desobediencia.. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite este miércoles una denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente del Parlament por haber hecho oídos sordos a las indicaciones del Constitucional y permitir el debate de dos mociones relacionadas con la causa independentista.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó la querella el pasado 1 de marzo contra el presidente de la cámara autonómica y el resto de los miembros que formaban parte de la anterior Mesa del Parlament por haber facilitado la tramitación de dos mociones en noviembre de 2019, a pesar de conocer que eran contrarias al derecho.
El primer texto legislativo tenía como objetivo que los diputados autonómicos se posicionasen sobre el derecho a autodeterminación de Cataluña, mientras que el segundo era una reprobación de la Monarquía. Los magistrados ya habían apercibido previamente a la Mesa del Parlament, remarcando que se debía impedir la tramitación de cualquier iniciativa parlamentaria de este tipo.
Torrent tendrá que responder por esa decisión, junto con su compañera en Esquerra Republicana, Adriana Delgado, y los representantes de Junts per Catalunya, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, que conformaban la mesa de la cámara autonómica durante la pasada legislatura.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha declarado competente para investigar el caso y ha designado como instructora a la jueza Maria Eugènia Alegret.
Los antecedentes datan de una sentencia de 2015
La denuncia de la Fiscalía hace referencia a un movimiento político que se produjo en el Parlament como respuesta a la sentencia del juicio del ‘procés’. Un mes después de que los magistrados anunciasen las penas de prisión contra los líderes de la cúpula independentista responsables de los actos del 1-O, la cámara autonómica votó y aprobó su derecho a la libre determinación y volvió a cargar contra la Casa Real.
El ministerio público apunta a que esta decisión va en contra de una sentencia de Tribunal Constitucional del año 2015, en la que se declaró inconstitucional otra moción para iniciar el proceso constituyente en Cataluña. El texto fue ratificado el 9 de noviembre de ese año por Junts per Sí y la CUP pero terminó tumbado en los juzgados.
El Tribunal Constitucional ya había advertido a Roger Torrent de que no debía facilitar ninguna iniciativa legislativa que ignorase esta resolución que es de hace seis años pero que continúa siendo vinculante.
Roger Torrent se defiende: «Hemos garantizado que se puede hablar de todo»
El mismo día en que la Fiscalía presentó su querella contra Torrent, el expresidente de la cámara autonómica defendió su postura. «Hemos garantizado que se pueda hablar de todo y así debe continuar«, argumentó a través de su cuenta oficial de Twitter.
El político de Esquerra Republicana achacó la querella a un movimiento para intentar limitar los debates que se producían en el seno del Parlament y se negó a dejar de discutir asuntos relacionados con la causa independentista. «Por mucho que intenten censurar debates, no podrán ocultar las prácticas corruptas de la Monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no vamos a renunciar», ratificó.