El Tribunal de Cuentas reclama 2,8 millones a Mas y 1,9 a Puigdemont y Junqueras
El expediente de liquidación afecta a 40 ex altos cargos del Govern que deberán abonar una fianza total de 5,4 millones antes de 15 días para evitar el embargo
Mas, Mas-Colell y Homs ofrecen sus pisos como aval ante el Tribunal de Cuentas. / CDC
El Tribunal de Cuentas reclama 2,8 millones de euros al ex presidente Artur Mas y 1,9 millones a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras en concepto de fianza en función de la responsabilidad en el gasto irregular que el organismo atribuye al ejecutivo autonómico sobre la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.
El órgano de fiscalización ha reunido este martes a 40 ex altos cargos del Govern sobre los que recae la obligación de abonar una fianza por un importe de 5.422.879 euros en total, a pagar en los próximos 15 días para evitar el embargo de sus bienes. La conclusión del tribunal es que desviaron 5,1 millones a los que hay que añadir cerca de 300.000 euros de intereses. La responsabilidad es solidaria y deberán abonar dicha cantidad entre todos los encausados.
Según el informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso ED, se investiga a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Neus Munté, Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Javier Acín, Roger Albinyana, Martí Anglada, Virginia Astigarraga, Amadeu Altafaj, Luca Bellizzi , Luis Bertrán, Albert Carreras, Adam Casals, Francisco Cubel, Ewa Adela Cylwik, Ramon Font, Francesca Guardiola, Erick Hauck, Marie Katinka, Elisabeth Kapretz, Manuel Manonelles, Sergi Marcén, David Mascort, Joaquim Nin, Maryse Olivé, Mar Ortega, Juan Prat, Pere Puig, Albert Royo, Andrew Scott Davis, Jordi Serra, José Manuel Suárez Iborra, Mireia Vidal, Rosa Vidal, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Paz Villòria.
El Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones por las sumas de dinero desviadas a distintas iniciativas, según muestra el expediente, tales como los gastos competentes a Acción Exterior del Govern y los gastos derivados a las embajadas catalanas en el exterior. De este modo, los principales afectados tendrán que volver a sufragar otro gasto millonario que podrá variar dependiendo de las alegaciones que cada uno formule en cuanto se les notifiquen este martes los detalles de la investigación.
Los afectados recibieron este martes un Acta de Liquidación Provisional en la que se reclaman mayores cantidades al Govern de Mas que al de Puigdemont. En el documento se reclaman 1.981.453 euros a Puigdemont y 1.932.323 euros a su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, frente a los 2.803.115,8 euros a Mas y su consejero Andreu Mas Collel y 2,1 millones para Raül Romeva.
Las partidas reclamadas han sido divididas por el órgano fiscalizador en contratos, viajes y embajadas. La cantidad más importante de casi 1.392.300 euros corresponde a un contrato con el lobby anglosajón Indepedent Diplomat, cuyo objetivo era crear un clima favorable al proyecto soberanista, y en segundo lugar a visitas internacionales, partida que asciende a 932.125 euros.
Otros de los gastos importantes que figuran en el acta de liquidación provisional son «las actividades de promoción del proceso soberanista, acción y sensibilidad internacional» con la cantidad de 451.487 euros; las ayudas a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas, 422.056 euros, y los viajes del presidente y los exconsejeros de la Generalitat, que ascienden a 317.790 euros.
Los auditores también han detectado presuntas irregularidades en las normas de gestión, como la falta de documentación (261.581 euros) y pagos injustificados (151.430 euros), así como la elaboración de informes por servicios de asesoramiento que ascienden a 149.564 euros y gestiones en atención protocolaria y representación de 32.844 euros.
El informe provisional incluye, además, los contratos de las delegaciones catalanas en el exterior y un apartado de «implicación de la sociedad civil catalana», que engloban debates y «observación internacional».
En el acto también están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de «Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.
Los abogados alegan «indefensión»
Los abogados de los afectados han ido desfilando por la sede del tribunal en la calle Torrelaguna de Madrid. Según han explicado a ED, a cada letrado se le ha entregado un documento de 504 páginas y disponen de tres horas para leer y ejercer las alegaciones que cada uno estime pertinentes en defensa de sus derechos.
El abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé, ha sido uno de los primeros en llegar a la sede del tribunal y ha asegurado a los periodistas que allí se encontraban que le «parece una tomadura de pelo todo este procedimiento». Boyé alegará «indefensión» por parte de su representado contra el Estado.
Por su parte, Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. También ha reprochado que los abogados se hayan enterado de la cifra que les reclama el tribunal por la prensa.
Los siguientes pasos a dar serán el enjuiciamiento del caso y la decisión final de si deben devolver el dinero o si se archiva al no hallarse responsabilidad contable.
Junts exige que la Abogacía del Estado «sea distante»
El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha exigido este martes «coherencia» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la abogacía del Estado tenga «un papel distante» en la causa en el Tribunal de Cuentas.
«No se puede llevar a más de 40 personas con la abogacía del Estado dando apoyo a unas demandas absolutamente surrealistas y muy malintencionadas y prevaricadoras, y por otro lado decir que es el momento de la concordia», ha afirmado en declaraciones a TV3.
Sànchez ha afirmado que las instituciones «tienen que dar una respuesta que sea urgente, coherente y que pueda evitar la muerte civil de estas 40 personas»: «La primera obligación del independentismo es dar respuesta, y aquí la habrá», ha dicho.
