El Tribunal de Cuentas pide un informe a la Abogacía del Estado sobre los avales a los líderes del procés

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que investiga la posible responsabilidad contable de 34 ex altos cargos de la Generalitat, Esperanza García, ha solicitado este martes un informe urgente a la Abogacía del Estado para conocer su opinión sobre la legalidad de los 29 avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

La delegada instructora duda sobre si los avales del organismo público de la Generalitat pueden amparar las responsabilidades contables graves, como las que se investigan, cuyo monto asciende a 5,4 millones de euros, y si, por otro lado, la administración autonómica puede asumirlas, en tanto que, además, es parte perjudicada en esta causa, según explican a ED desde el Tribunal de Cuentas.

Los juristas consultados por ED ya advirtieron de que el hecho de que la Generalitat avalara, con fondos públicos, a ex altos cargos del propio Govern podría constituir un posible «un fraude de ley». Asimismo, también mantienen sus dudas respecto a los funcionarios y altos cargos del ICF que han firmado los avales ante un posible delito de malversación.

Entre los ex altos cargos que se han acogido a este mecanismo de la Generalitat se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas o el exvicepresidente Oriol Junqueras. El plazo para depositar la fianza concluyó en la medianoche del lunes y el Tribunal de Cuentas esperará ahora para decidir si definitivamente rechaza el aval y deben presentar otro tipo de bienes si quieren evitar el embargo.

El Plan B del Govern

En el Govern se muestran convencidos de que el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que se conocerá el próximo 29 de julio, será favorable y avalará el mecanismo ideado por la Generalitat para sufragar las fianzas de sus 34 ex altos cargos.

Desde la Consejería de Economía desvelan que esta podría ser la baza para que se animasen las entidades bancarias a avalar a los líderes del procés, en caso de que el Tribunal de Cuentas tumbase el aval del ICF. El Govern lo volvería a intentar, esta vez con una entidad bancaria que hiciera de contraavalista, en lugar del ICF. Este es el Plan B con el se trabaja en estos momentos desde el Govern.

El problema, tal y como publicó ED, es que ningún banco hasta el momento ha querido dar el paso y prestarse a ser el intermediario entre la Generalitat y el Tribunal de Cuentas.

Según desvelan fuentes conocedoras de estas conversaciones, las principales entidades catalanas se han disculpado rechazando participar ante una más que posible “crisis reputacional”. Sin embargo, desde el Govern señalan ahora que con el respaldo del Consejo de Garantías Estatutarias sí podrían tener la colaboración de un banco para ser el contraavalista.

En los próximos días se sabrá si la delegada instructora del Tribunal de Cuentas admite el aval del ICF o no. Tal y como destacó ED, las fuentes consultadas avisaron de que este mecanismo que han presentado «hubiera tenido más posibilidades de salir adelante con el aval de una entidad bancaria”, tal y como se planteó inicialmente el Govern.

Asimismo, insisten en que hay que tener en cuenta que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, tras considerar que incurre en falta de legitimación activa al entender que el perjuicio se causó a la Generalitat.

El independentismo también se escuda en el tiempo para buscar soluciones y es que si el aval del ICF fuera rechazado, el propio organismo lo podría recurrir, así como los encausados.

Y, por otro lado, si el tribunal lo aceptase, sería la parte contraria, los que ejercen la acción popular, como Sociedad Civil Catalana o Abogados Catalanes por la Constitución, quienes ya han dado por hecho que plantearán un recurso para impugnar la decisión.

Se da por hecho que la Generalitat no va a tirar la toalla. Tal y como explican fuentes del ejecutivo autonómico, “existen muchas fórmulas todavía” para evitar que los encausados respondan directamente con sus bienes.