El Tribunal de Cuentas devuelve a ERC la fianza de dos millones de euros que pagó para cargos del ‘procés’
El TC subraya que se encuentra en la obligación de aplicar lo dispuesto en el auto de la Sala de Justicia en el que admitía los nueve avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)
El Tribunal de Cuentas (TC) ha estimado la solicitud del exconsejero Raül Romeva y ha acordado devolver la fianza de 2,1 millones de euros que ERC abonó como garantía de su presunta responsabilidad contable y la de otros demandados por los gastos de acción exterior de la Generalitat en el ‘procés’.
La decisión del TC llega después de que el órgano contable aceptase los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como garantía para hacer frente a las fianzas de los demandados.
El Departamento 2º de Enjuiciamiento ha estimado la solicitud de sustitución de medidas cautelares que presentó Romeva, lo que en la práctica supone la devolución a ERC de 2.136.164,45 euros, según ha apuntado el TC.
Admisión de los avales del ICF
El tribunal ha subrayado que está obligado a aplicar lo que dispuso el auto de la Sala de Justicia en el que admitía los avales del ICF y además ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la ley para poder acceder a la petición de Romeva.
Es decir, nueve avales del ICF garantizarán la efectividad de una eventual sentencia que estime las pretensiones de la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana en cuanto a la posible responsabilidad contable de ex altos cargos públicos catalanes por el presunto dinero desviado en el «procés». Estos avales, prosigue el tribunal, son suficientes, tienen carácter solidario y duración indefinida.
La cantidad que Sociedad Civil Catalana reclama a Romeva asciende a 939.797,80 euros, y la que le pide la Fiscalía a 1,3 millones de euros, cifras que cubren los citados avales.
En la vista celebrada la semana pasada la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en contra de su criterio inicial, apoyó la devolución de la fianza al considerar suficientes los avales del Instituto Catalán de Finanzas.
La Fiscalía se dirige contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat y cifra en 3,4 millones de euros el supuesto dinero desviado para el proceso independentista catalán de 2017, incluida su promoción exterior.