El Tribunal de Cuentas ve incidencias en 1 de cada 5 contratos que Illa firmó en pandemia
La dotación total de los contratos que se adjudicaron durante el periodo en el que Illa estuvo al mando de la cartera de Sanidad durante el Estado de Alarma asciende a más de 550 millones de euros
El Tribunal de Cuentas ha detectado incidencias en 11 de los 49 contratos que el líder del PSC, Salvador Illa, firmó cuando ocupaba el cargo de ministro de Sanidad durante la pandemia del covid-19. El total de los contratos que el ya exministro firmó supuso un desembolso de más de 551 millones de euros.
Según ha remitido el órgano en un informe, las incidencias empañan el 22,4% de los contratos que Illa firmó durante el año 2020 para hacer frente a la pandemia. En este sentido, desglosan que en 4 de los 11 casos hubo incumplimiento de contrato por pase de la empresa contratada, en otros 2 se produjeron modificaciones que no estaban previstas en los contratos y en otros 5 casos hubo retrasos en las entregas.
En 1 de los 2 casos en los que se sufrió modificaciones se debe a que se contrató el suministro de un tipo de mascarilla pero, finalmente, se entregó otra con las mismas características y precio. En otro caso, se solicitó la entrega de un tipo de test covid, pero el producto final que llegó, si bien eran tests, no eran el mismo modelo. En este caso el modelo era más caro, aunque igualmente efectivo.
En los 4 casos de incumplimiento de contrato por parte de las empresas se han presentado reclamaciones que todavía están en trámite de resolución.
Según ha detallado El Mundo, Vox ya interpuso una querella contra el máximo responsable del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante la pandemia, Alfonso María Jiménez Palacios, quien está siendo investigado por estas irregularidades.
Errores humanos
Al respecto, Jiménez Palacios ha atribuido las incidencias a posibles errores humanos causados por las circunstancias y las condiciones en las que se trabajaba por aquél entonces, justo cuando se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Aseguró que Illa estaba al tanto de todas las contrataciones, que era, dice, plenamente legales.
De hecho, el informe elaborado por el TC confirma que los contratos fiscalizados cumplían con los requisitos y que, solo en 6 contratos no se realizó la comunicación del inicio de actuaciones. Si bien es cierto que no se dejaba una constancia documental de los criterios de adjudicación de los contratos, el informe concluye que no es «una circunstancia irregular o ilegal».
Las informaciones remitidas al Tribunal muestran también que, cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser cubiertas con contratos con empresas o instituciones españolas, el Ingesa viró la vista hacia el mercado asiático.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha cerrado el informe recomendando que se intente formalizar el contrato en un documento escrito y que se verifique «la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias» siempre que sea posible, incluso en situaciones de emergencia.