El Tribunal de Cuentas confirma la fianza de 5,4 millones a los líderes del ‘procés’
El órgano fiscalizador reduce a 34 la lista de dirigentes implicados en la presunta desviación de fondos y les otorga 15 días para abonar el dinero
El ex conseller, Francesc Homs (c) a su llegada al Tribunal de Cuentas para defenderse de las acusaciones de malversación. EFE/Emilio Naranjo
El Tribunal de Cuentas ha ratificado este miércoles la reclamación de más de 5,4 millones de euros contra los miembros de la Generalitat de Cataluña que orquestaron la propaganda exterior del referéndum ilegal de independencia de 2017. El organismo ha confirmado la fianza exigida por su presunta responsabilidad en la desviación de fondos durante el ‘procés’.
El órgano fiscalizador ha cifrado la cantidad supuestamente malversada en un total de 5.422.411 euros, apenas 468 euros menos de sus estimaciones iniciales. La reclamación ya se ha incorporada en el acta de la liquidación, otorgando así un plazo de apenas 15 días hábiles a los implicados para que dispongan del dinero.
Los vocales han fijado de esta forma el plazo máximo para poder depositar la fianza de manera solidaria en el próximo 21 de julio. Si para entonces los dirigentes independentistas no han resuelto su deuda comenzarán a tramitarse los embargos de sus bienes personales.
La lista definitiva de los altos cargos del Gobierno de Cataluña implicados en la desviación de fondos se ha fijado en 34 personas, después de que la acusación haya retirado del proceso a otros ocho miembros del Ejecutivo que han quedado exonerados. Entre ellos figuran los exconsellers de Presidencia, Neus Munté y Jordi Turull, debido a que no tenían competencias en sus departamentos.
La desviación de fondos se ha emplazado en el uso de dinero de las arcas públicas catalanas para financiar el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y las denominadas embajadas catalanas con el objetivo de promocionar en el exterior la preparación del referéndum de independencia del 1 de octubre.
El resultado de los cálculos coloca al expresidente catalán, Artur Más, como supuesto responsable de la desviación de 2,8 millones. Mientras que su sucesor Carles Puigdemont cuenta con un balance de 1,9 millones, la misma cantidad que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recientemente ha abandonado la prisión gracias al indulto del Gobierno.
La lista la completan otros altos dirigentes como el exconseller de Presidencia, Francesc Homs, (2,9 millones), la exinterventora de la Generalitat, Mireia Vidal, (3,1 millones) o el exconseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, (2,1 millones), que también ha resultado beneficiado de la medida de gracia.
La Abogacía del Estado mantiene su silencio
La jornada final de deliberaciones en el seno del Tribunal de Cuentas ha estado marcada por el turno de alegaciones de las acusaciones populares que han participado en el procedimiento, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. La última ha optado finalmente por no intervenir.
El punto de mira estaba puesto precisamente en la Abogacía del Estado porque las organizaciones independentistas habían reclamado en los últimos días al Gobierno de Pedro Sánchez que echase mano del organismo público para intentar condicionar la decisión y frenar la multa millonaria contra sus dirigentes.
Sánchez ya advirtió que no estaba dispuesto a dar instrucciones a la institución judicial. Ese extremo también lo descartó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en rueda de prensa: «Lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay una liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace».
La estimación de la liquidación da por cerrado este capítulo, por lo que los acusados ahora ya solo podrán recurrir a la vía judicial para presentar un recurso con el que intentar impugnar la multa por la malversación de fondos públicos. Se trata de la opción que ha reivindicado en varias ocasiones el propio Gobierno.
